Diez sujetos fueron vinculados al caso por delincuencia organizada conocido como "Pampa", que ha arrojado luz sobre una red narcodelictiva asociada al líder albanés Dritán Gjika, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
La organización criminal a la que pertenecerían fue desarticulada el 6 de febrero de 2024, en un operativo simultáneo ejecutado en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Guayas, El Oro, Azuay y Los Ríos, en el marco de una investigación relacionada con el crimen organizado albanés por presuntos delitos de tráfico de drogas y lavado de activos, en la que se detuvo a treinta personas y se incautaron alrededor de 2 millones de dólares en efectivo.
Esta operación no se limitó al territorio nacional, ya que contó con la colaboración crucial de la Fiscalía de España, donde se realizaron doce detenciones y se decomisaron 450.000 euros.
La organización criminal bajo investigación se cree que estuvo involucrada en al menos once envíos de sustancias ilícitas desde el Puerto Marítimo de Guayaquil hacia Europa, utilizando la modalidad de "gancho ciego". Este método implica la ocultación de drogas en cargamentos legales, como frutas tropicales, con el fin de eludir la detección.
Además del transporte de las sustancias, la organización se dedicaba al almacenamiento y custodia de los cargamentos ilegales, así como a la recopilación de información estratégica sobre empresas con historiales de exportación confiables. Esta estrategia permitía a la organización reducir los riesgos asociados al envío de drogas, al establecer relaciones comerciales aparentemente legítimas entre empresas.
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Fiscalía mencionó que los ahora procesados –Dritán Gjika (albanés), alias “Tony”; Mario S. (argentino), Carlos G., alias “Gerente”; Pablo H., José E., Vicente Z., Jesús R., Jorge B. (policía en servicio activo), Juan M. (expolicía) y William C. (policía en servicio activo)– habrían participado de diferentes maneras en actividades ilícitas relacionadas con el envío de grandes cargamentos de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, cuyos destinos eran Países Bajos, Bélgica, España, entre otros países.
Dritán Gjika y Mario S. fueron vinculados en calidad de líderes del grupo delincuencial: habrían sido los encargados de coordinar las acciones logísticas en territorio ecuatoriano y español, por medio de sus colaboradores, que participaron en la ejecución operativa.
En la audiencia de vinculación, Fiscalía presentó el contenido de la Asistencia Penal Internacional (API) que requirió a España, en la que constan las comunicaciones encriptadas de la plataforma SKY, en las que se coordinaban las operaciones para camuflar –en la estructura de los contenedores de las empresas Sentilver S. A., Bioexpor y Damasco Sweet S. A.– las sustancias ilegales.
A esto se sumó el informe policial investigativo del caso, documentación referente a trasmisión espontánea de información –como técnica especial–, remitida por el Reino de España; el informe de seguimientos y vigilancias (2022), el informe técnico pericial de informática forense, entre otros.
Con base en los elementos presentados por el Fiscal de la Unidad Nacional Especializada de Investigación Contra La Delincuencia Organizada Transnacional N° 4, Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado dictó prisión preventiva para diez personas vinculadas a la causa.
Además, como medida de carácter real, el magistrado dispuso la retención de cuentas por el valor hasta sesenta salarios básicos y la prohibición de enajenar bienes inmuebles por el mismo valor.
Con estas personas vinculadas, asciende a veinticinco el número de procesados en esta causa. La instrucción fiscal se amplía a 120 días.