Un tribunal de arbitraje condenó al Estado ecuatoriano a indemnizar con más de 10 millones de dólares a la petrolera Gente Oil por incumplimientos en el contrato de explotación del campo Singue, ubicado en la Amazonía, según informó este martes la empresa en un comunicado.
El laudo final, emitido el 22 de mayo, conmina a Ecuador a pagar a la compañía cerca de 6,5 millones de dólares en concepto de lucro cesante causado por las restricciones de transporte del petróleo y 3,5 millones de dólares por los daños o “costes hundidos”.
Asimismo, el fallo del tribunal constituido en Santiago de Chile también insta al Estado a pagar otras partidas en concepto de reparación como 400.000 dólares por daños morales causados por acciones y omisiones de la parte demandada.
La demanda de la empresa, con sede fiscal en Singapur, se basaba en las dificultades que consideraba que había tenido por parte del Gobierno para facilitarle el transporte del crudo de los pozos de Singue a través de los oleoductos del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), que opera la estatal Petroecuador.
A juicio de la compañía, estas dificultades, incluida un aumento de la tarifa, lastraron sus metas de producción, algo que no es compartido por el Estado, que considera que pudo producir y sacar el crudo de la zona sin complicaciones y en mayor medida a lo previsto inicialmente.
Otro argumento de la empresa demandante es que para fines de 2018 había invertido más de 134 millones de dólares en el bloque Singue, lo que suponía un 484 % de la inversión prevista a la firma del contrato de concesión.
También motivó la demanda el proceso abierto por la Contraloría General del Estado para renegociar los contratos, al dictaminar que hubo irregularidades en la fijación de la tarifa, y que la adjudicación del concurso público se hizo sin que estuvieran plenamente claras las condiciones ofrecidas por la empresa.
Para Gente Oil, esta renegociación carecía de sustento legal y acusó a la Contraloría de pretender de manera unilateral recuperar 1,05 dólares por cada barril producido cuando, según la compañía, la empresa no había cubierto aún su inversión.
El caso Singue llegó también a los tribunales de Ecuador, donde en primera instancia fueron condenadas por peculado (malversación) siete personas, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas y los exministros Carlos Pareja y Wilson Pastor, quienes ocupaban sus cargos durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa.
El bloque Singue fue concesionado en 2012 al Consorcio DGC, formado por Dygoil y Gente Oil, pero desde 2014 la segunda asumió íntegramente la operación, donde afirma que se han logrado producir desde entonces más de 9 millones de barriles de crudo, frente a la previsión inicial de dos millones en 20 años.