Grupos ambientalistas prevén que en febrero próximo se concrete la consulta popular contra la explotación petrolera en el Yasuní, una vez que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó el martes, tras casi una década de litigio, que se validen las firmas de respaldo para convocar al proceso.
Sylvia Bonilla, abogada de Yasunidos, dijo este miércoles que sobre la sentencia del TCE "no cabe ningún recurso ordinario que pueda interponer el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que otro tribunal revea esta decisión".
En una rueda de prensa, Bonilla subrayó que se trata de una decisión "de carácter definitivo, que tiene que ejecutarse de forma inmediata", por lo que, luego de trámites regulares que se deben concretar en otras instancias estatales, prevén que se convoque a la urnas en 2023.
"Si es que todas las instituciones del Estado son diligentes, esta consulta popular se va a votar en febrero de 2023", calculó sobre el proceso de iniciativa ciudadana, que busca mantener bajo tierra el petróleo en el Parque Nacional Yasuní, situado en la Amazonía de Ecuador.
El CNE prepara para el 5 de febrero próximo las elecciones para designar a autoridades locales y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
El Gobierno presidido por Guillermo Lasso también prevé llamar a una consulta popular sobre diferentes temas, entre ellos el de seguridad, por lo que Bonilla señaló que de concretarse ese proceso, y si coinciden con las elecciones que prepara el CNE, la consulta sobre el Yasuní debe ir en una papeleta propia.
CASI UNA DÉCADA DE LITIGIOS
Antonella Calle, vocera de Yasunidos, recordó que el proceso de iniciativa ciudadana nació hace nueve años en todas las provincias, cuando durante seis meses recolectaron cerca de 757.000 firmas para que se deje en el subsuelo el petróleo del Yasuní, "por ser el lugar más megadiverso del planeta".
Anotó que cuando entregaron las firmas, les "anularon más del 60 % por cuestiones de gramaje, de cosas del esfero (bolígrafo) y, durante el proceso de recolección de firmas, el CNE de ese momento, de forma fraudulenta, cambió los reglamentos para negar la consulta popular".
"Finalmente lograron bajarse la consulta popular del Yasuní y durante todos estos nueve años hemos venido interponiendo acciones legales. Finalmente, en 2019 el CNE reconoció que había habido fraude en el proceso", indicó.
Y agregó que pese a ello, el CNE "no quiso dar paso a la consulta popular", por lo que pusieron una acción en el Tribunal Contencioso Electoral, que tampoco dio paso a la consulta, por lo que acudieron a la Corte Constitucional, que finalmente dio sentencia favorable y pidió al TCE que revise la causa.
Calle consideró que la de los Yasunidos será "la primera consulta popular que, en verdad, quiere cuidar el Yasuní, la biodiversidad y la vida de los pueblos aislados" de forma voluntaria.
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PREGUNTA DE LA CONSULTA
"¿Está de acuerdo en que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT indefinidamente en el subsuelo, sí o no?", es la pregunta de la consulta popular, que hace referencia al llamado eje Ishpingo-Tambococha-Tiputini del Yasuní, dijo en la rueda de prensa Pedro Bermeo, portavoz de los Yasunidos.
Agregó que este caso está relacionado con otro sobre protección de derechos de pueblos en aislamiento voluntario (tagaeri y taromenane) que habitan dentro del Yasuní, y que está pendiente de sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
"El espíritu de la consulta es defender a los pueblos en aislamiento voluntario y a los waoranis", subrayó, mientras que la dirigente indígena Alicia Cahuiya, aseguró en la rueda de prensa que el Yasuní "ha sido el hogar" de sus antepasados.
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