Debido a la situación epidemiológica del COVID-19, las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia -COE- cantonal declararon la Alerta Nivel 2 (Naranja) en Guayaquil, este lunes 27 de diciembre de 2021.
Ante el notorio incremento de contagios y a la circulación de la variante Ómicron, también se extremaron las siguientes medidas de regulación en la urbe:
Se establece el aforo máximo en establecimientos de atención al público abiertos o cerrados a un 50%, y horario de operación hasta las 00h00, excepto el 1 de enero de 2022 hasta las 2h00.
Restricción de operación de bares y discotecas. Mientras que la actividad en hoteles, salones de eventos y centros de convenciones se limitará a cenas corporativas y familiares sin baile.
Se ratifica la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas y de moderación en la vía pública.
No se autorizará la ejecución de espectáculos públicos masivos en predios destinados a vivienda, tales como conciertos, fiestas organizadas, etc.
Las reuniones en el ámbito privado, deberán cumplir con las medidas de bioseguridad y aforo respectivas, mantener el orden público y cumplir las regulaciones de ruido correspondientes.
En caso de incumplimiento, la Dirección de Justicia y Vigilancia aplicará las sanciones que correspondan en el marco de la ley y las ordenanzas vigentes.
La Agencia de Tránsito y Movilidad ATM, incrementará las frecuencias de la Metrovía en horas pico, y destinará personal de control de medidas de bioseguridad en las paradas.
Los ajustes de aforo corren a partir de este lunes 27 de diciembre hasta el 16 de enero de 2022, luego de lo cual se evaluará la continuidad de las medidas de acuerdo a la evaluación epidemiológica de la ciudad.
Después de dos años de pandemia, el virus se propaga nuevamente a toda velocidad debido a la muy contagiosa variante Ómicron.
Con referencia a la obligatoriedad de la vacuna COVID-19 en el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha aclarado que en caso de incumplimiento de esta disposición en espacios públicos o privados, la sanción no recaerá sobre las personas no vacunadas, sino sobre las entidades que prestan servicios públicos y no exigen el certificado de vacunación.
Según el MSP, los encargados de vigilar el cumplimiento de esta medida, que busca proteger la vida de las familias ecuatorianas, son las Intendencias y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en el marco de sus competencias.