Alejandro Ribadeneira:"Si disminuyen las becas es una decisión de las universidades"
Ribadeneira explicó que la nueva distribución busca fortalecer la educación pública.
El Gobierno Nacional desmintió que se haya eliminado el presupuesto para las becas de las universidades cofinanciadas, esto luego que ocho instituciones de educación superior emitieran un comunicado, donde manifiestan que no podrán ofrecer todas las becas que necesitan los estudiantes debido a una reducción en sus ingresos.
Alejandro Ribadeneira, principal de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), explicó que el presupuesto para universidades no se ha reducido sino que se ha incrementado; pues el año pasado fue de $ 1.077 millones y ahora es de $ 1.106 millones, lo que corresponde a un incremento de 28 millones entre 2020 y 2021.
En este sentido, el funcionario mencionó que con el objetivo de optimizar el destino de los recursos, la Senescyt envió al Consejo de Educación Superior (CES) la propuesta de una nueva distribución de fondos hacia las universidades, para fortalecer la educación pública, que es la que ofrece la mayor cantidad de cupos al país.
“Eso no significa que a las universidades particulares, que reciben fondos del Estado, no les llegará ningún monto para becas. Si es así, es una decisión de las propias universidades porque las instituciones cofinanciadas recibirán este año más de 39 millones en su conjunto, ese monto debe estar direccionado a becas para personas que más lo necesitan”, indicó Ribadeneira a Vistazo.
Así mismo, recordó que todas las universidades particulares ya sea autofinanciadas o que reciban fondos del Estado “tienen la obligación legal de entregar ayudas económicas con sus propios recursos al 10% de todos los estudiantes”.
Adicionalmente, aquellas que reciben fondos públicos “deben destinar todos esos recursos a becas a personas que lo demanden por su condición económica”, reza un comunicado de la Secretaría de Educación Superior.
¿CÓMO SE FINANCIAN LAS UNIVERSIDADES?
Las instituciones de educación superior públicas y particulares se financian a través de la Ley del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico (Fopedeupo). Este fondo establece que las universidades reciban montos a raíz de dos fuentes: el impuesto a la renta y el IVA.
Lo que ocurrió el pasado 18 de agosto, es que el CES, con base en un informe de la Senescyt, aprobó un escenario en el cual se plantea disminuir la participación en la recaudación del IVA, para las universidades particulares.
“Hemos pasado de recibir el 10% de una fuente alimentaria por una parte del IVA, en el 2011, al 3% el año pasado y finalmente al 0% este 2021”, esto significa una reducción de 12 millones de dólares que se destinan para becas, según reza un comunicado de ocho universidades.
Claudia Ballas, Coordinadora General Académica de la UTE, señala que las instituciones que reciben rentas y asignaciones del Estado deben destinar el 100% de esos montos al otorgamiento de becas a estudiantes de escasos recursos.
“Entonces, se comprenderá que si nosotros en el año 2020 recibimos 52 millones y este año vamos a obtener 12 millones de dólares menos, significa que tendremos menos recursos para renovar las becas como para otorgar nuevas”.
Pese a esto, los rectores de las universidades cofinanciadas manifestaron en un comunicado que “no dejarán a ningún estudiante atrás” y cumplirán con quienes reciben becas.
Sin embargo, Claudia Ballas explica que la situación se torna compleja. “Por lo tanto, si bien existe la voluntad y el compromiso de mantener las becas de los estudiantes actuales es un escenario difícil de sostener en el largo plazo”.
De su lado, Alejandro Ribadeneira, principal de la Senescyt, reiteró que la reducción del porcentaje proveniente de los impuestos no debería afectar a las becas porque las instituciones deben ayudar con sus recursos y cumplir con el 10% de becados, que estipula la ley.
PEDIDOS UNIVERSIDADES
Ballas planteó que se mantenga la asignación del 3% en la fuente del IVA y revisar la ley del Fopedeupo, que asegura la asignación de recursos a la educación, pero que debe ser examinada porque fue creada en 1996, cuando el número de estudiantes que accedían a la educación superior eran menos que los actuales.
“Ahora tenemos prácticamente el mismo fondo, la misma estructura, pero con una demanda creciente”.
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