La Fiscalía General del Estado ha reformulado los cargos contra el abogado Lenin Javier V. y Luis Alfredo R., quienes ahora enfrentan procesos por su presunta participación en el delito de lavado de activos, como autor directo y cómplice, respectivamente
El pasado 16 de enero, ambos fueron aprehendidos en flagrancia mientras viajaban de Riobamba a Quito. La aprehensión se produjo cuando se descubrió que Lenin Javier V. llevaba consigo 11.280 dólares cuya procedencia no pudo justificar, siendo este el punto de partida de la investigación por lavado de activos, delito tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
Durante la investigación, surgieron nuevos indicios que incrementaron el monto del lavado de activos a 236.331,15 dólares, lo que ha llevado a reformular los cargos contra ambos procesados, ahora enfrentando penas de diez a trece años en caso de ser hallados culpables.
Además, en una audiencia ante el Juez de la Unidad Judicial para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, la Fiscalía vinculó al proceso a Martha V., Ana M. y María Ana T. como coautoras.
Los supuestos clientes de Lenin V. realizaban transferencias a nombre de las tres mujeres vinculadas, y varios bienes inmuebles estaban registrados a nombre de sus hijos menores de edad; como un terreno en Guano y una oficina y un departamento en Quito, cuya albacea era Martha V.
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Entre los elementos de convicción expuestos por Fiscalía constan: los chats extraídos tras la pericia al teléfono celular del abogado procesado, lo que permitió conocer que solicitaba pagos a nombre de otros a través de remesadoras que hacen envíos internacionales.
Dichas remesas se hicieron desde Tamaulipas (México) a más de veinticinco personas por montos entre 738 y 780 dólares. Luego de recibir el dinero en Ecuador, se lo entregaban en efectivo o por transferencias bancarias, a cargo de terceras personas.
Además, se determinó que Lenin Javier V. negociaba las acciones de hábeas corpus con varios jueces del país, así como el traslado de personas privadas de la libertad a diferentes cárceles del territorio ecuatoriano.
También se encontró un chat con el prófugo Fabricio Colón Pico (uno de los más buscados por presuntamente estar implicado en un plan para asesinar a la fiscal general del Estado, Diana Salazar), quien le solicitó un certificado laboral y una captura de pantalla de una boleta de excarcelación firmada por un juez procesado en el caso Metástasis.
Al concluir la audiencia, el Juez ordenó que las tres personas vinculadas se presenten cada seis días en la Fiscalía Provincial de Chimborazo. La instrucción fiscal se ha ampliado por treinta días adicionales.