Familiares de cuatros niños desaparecidos en Guayaquil reciben asistencia legal y psicológica del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos
La Fiscalía General del Estado lleva el caso de desaparición en una unidad especializada en la investigación del uso ilegítimo de la Fuerza, encargada de investigar delitos por parte de agentes.
El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos dio a conocer que activó "de manera inmediata" servicios de asistencia legal, psicológica y social dirigidos a las "víctimas indirectas" de la desaparición de cuatro niños ocurrida el pasado 8 de diciembre, en el sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
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"Siguiendo los protocolos establecidos, el 22 de diciembre realizamos un abordaje presencial a las familias afectadas, quienes manifestaron su interés en acceder a los servicios del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Dada la naturaleza del caso, y velando por el bienestar de las familias, decidimos abordarlo de manera reservada", comunicó el ente a través de la red social X.
El Ministerio de Defensa confirmó esta semana que los menores fueron detenidos por militares y liberados posteriormente en la parroquia de Taura, aproximadamente a 30 kilómetros de su hogar. Sin embargo, desde ese momento se desconoce el paradero de los niños, identificados como Josue Didier Arroyo Bustos (14), Ismael Eduardo Arroyo Bustos (15), Steven Gerald Medina Lajones (11) y Nehemias Saul Arboleda Portocarrero (15).
En el marco de un pronunciamiento por parte del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el que disponen una lista de acciones inmediatas que lleven a la localización de los menores y medidas cautelares a favor de los familiares, la cartera de la Mujer y Derechos Humanos informó que convocó una reunión extraordinaria del Comité Directivo del Órgano de Gobierno del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Extraviadas y Respuesta a las Víctimas Indirectas.
"Hemos requerido a las instituciones involucradas (en la investigación en torno a la desaparición) que presenten información detallada sobre los protocolos activados en este caso. Esta solicitud busca garantizar que todas las acciones emprendidas estén alineadas con las disposiciones legales y los principios de derechos humanos", informó el Ministerio encabezado por Arianna Tanca.
Incertidumbre tras el arribo a Taura
El abogado de los 16 militares implicados en el caso, Jesús Lopez, narró que los miembros de las Fuerzas Armadas se dirigieron a la Unidad de Policía de Virgen de Fátima, cuya ubicación es cercana a la Base de Taura, con la finalidad de entregar a los cuatro aprehendidos.
“Sin embargo, los señores militares deciden liberar a los aprehendidos y, efectivamente, así lo hacen en la parroquia de Taura, dejándolos en el lugar sanos y salvos para ellos continuar en su trayecto normal hacia la Base de Taura”, acotó el letrado.
López enfatizó en que “en ningún momento los cuatro ciudadanos desaparecidos ingresaron al destacamento militar de la Base de Taura” y agregó alrededor de las 23:00, los cuatro niños desaparecidos tomaron contacto con un sujeto de la parroquia Taura, quien les prestó su celular para que llamen a un familiar.
Aproximadamente, una hora después habría llegado una patrulla policial, pero el sujeto que ayudó a las víctimas se escondió “porque en el lugar había varias motocicletas con personas encapuchadas pertenecientes a la mafia y quería evitar problemas”, reveló López, quien descarta la participación de sus defendidos en la desaparición de los menores de edad.
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“Los habían golpeado y dejado botados y desnudos”, subrayó Luis Eduardo Arroyo, padre de dos desaparecidos, en entrevista con Ecuavisa. Además, resaltó que en la Base de Taura “encontraron parte de la ropa de los menores” y que la misma FAE entregó a la Unidad Anti Secuestros y Extorsión (Unase) para las investigaciones.
La Fiscalía General del Estado lleva el caso en una unidad especializada en la investigación del uso ilegítimo de la Fuerza, encargada de investigar delitos por parte de agentes estatales.
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