La Corte Nacional de Justicia rechazó un pronunciamiento por parte del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, emitido este lunes tras ofrecer una disculpa pública a los familiares de los niños asesinados del caso Las Malvinas, en el que señaló que el Estado no cejará en su afán de que se sancione a la jueza que declaró la existencia de una "desaparición forzada" por parte de un grupo de militares.
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"Amenazar o sancionar a jueces por sus decisiones legítimas es un ataque directo a este principio y al debido proceso. Desde la Corte Nacional de Justicia, rechazamos cualquier intento de interferencia en la Función Judicial", declaró la institución este martes, exigiendo "respeto absoluto" para la decisión de la magistrada Tanya Loor.
Según el responsable de la Defensa, la jueza que acogió el recurso de hábeas corpus que llevó a la resolución no tenía capacidad ni facultad para haber involucrado a la fuerza militar sin un juicio penal previo que así lo determine, y al haberlo hecho, dio paso a que la sentencia sea utilizada como un instrumento de "persecución política".
Después de decirle a los familiares de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, que "sentía mucho lo acontecido" y que "jamás podría entender lo que están viviendo", en la disculpa pública dispuesta por Loor, Loffredo reiteró que las Fuerzas Armadas no tuvieron implicación en el asesinato de los menores de edad.
Los niños fueron detenidos de noche por los militares el 8 de diciembre tras concluir una práctica de fútbol en la cancha deportiva del barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. El Ministerio de Defensa afirmó que la aprehensión se dio por una alerta de robo, pero la Fiscalía General del Estado ha señalado que no hay prueba de ello.
Tras pasar horas retenidos en un vehículo militar, los menores de edad habrían sido liberados "sanos y salvos" en la parroquia rural Taura, a más de 30 kilómetros de su hogar, según la cartera de Defensa. No obstante, en esa localidad se perdió el rastro de ellos y tres semanas después sus cuerpos fueron hallados.
El 31 de diciembre, poco después de la audiencia en que se vinculó a los 16 militares que participaron en la detención, quienes guardan prisión preventiva, la Fiscalía confirmó que unas osamentas calcinadas encontradas en un sector de difícil acceso correspondían a los cuatro menores desaparecidos.
El asesinato de los menores de edad no fue endilgado en la imputación de los militares, que integran la Fuerza Aérea de Ecuador y fueron señalados por la magistrada de haber actuado sin seguir los protocolos pertinentes.
El ministro de Gobierno de Ecuador, José de la Gasca, dijo el pasado sábado que "no se puede hablar de un crimen de Estado" en el caso "Las Malvinas".
"Las investigaciones están en curso (...) Yo no puedo dar por afirmado que había un operativo, eso se determinará con las pruebas. Lo que sí sé es que en este momento existe ya una formulación de cargos por el delito de desaparición forzosa, no por ejecución extrajudicial. Tampoco se puede hablar de un crimen de Estado o de un crimen de lesa humanidad", dijo De la Gasca en una rueda de prensa en Guayaquil.
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El ministro pidió "educarse primero antes de hacer afirmaciones en ese sentido" y entender su repercusión, pues, dijo, hasta el momento el asesinato de los menores "no fue endilgado en la imputación" que se realizó contra los militares.