Por el presunto delito de tráfico ilícito de armas fue enviado a la Penitenciaría, en Guayaquil, un militar aprehendido en medio del operativo 'Tormenta 15', realizado este martes 25 de marzo en Durán, provincias del Guayas.
Pedro Javier Ch. F. pertenece a las Fuerzas Armadas y además registra antecedentes y denuncias en fiscalía, por delitos de estafa, asesinato, abuso de confianza y robo.
La Policía vincula al uniformado como presunto integrante de una estructura delictiva relacionada con delitos contra la vida y lo identifica con el alias de “El Gordo”.
Ayer, un despliegue policial en una urbanización privada de Durán permitió la aprehensión de Joselyn Lissette P. M. y Pedro Javier Ch. F., a quienes se les hallaron tres fusiles (calibres 9mm y 2.23), indumentaria militar y celulares.
Como parte de lo decomisado constan: cinco chaquetas tácticas de camuflaje con distintivos de la Infantería de Marina del Ecuador, cuatro pantalones tácticos de camuflaje militar y un chaleco antibalas sin serie ni marca, con placas de protección, detalla el parte de aprehensión de la Policía Nacional.
Además, según información policial, Pedro Javier Ch. F. es un militar activo. En mayo de 2022 fue detenido por presunto asalto y robo a un funcionario municipal, pero un juez lo sobreseyó y fue reincorporado a las Fuerzas Armadas en noviembre de ese año.
En la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, el Fiscal del caso presentó como parte de los elementos de convicción los informes de aprehensión, las versiones de los agentes que intervinieron y el registro de las armas y otros indicios, que quedaron bajo custodia de la Policía Judicial.
El Juez de Garantías Penales acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para ambos procesados así como su traslado a la Penitenciaría del Litoral. La instrucción fiscal durará treinta días.
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el tráfico ilícito de armas con dieciséis a diecinueve años de prisión.
Por su parte, la Armada del Ecuador enfatizó que se rige por valores institucionales y advirtió que cualquier miembro que incurra en actividades alejadas de estos principios deberá someterse a los procesos administrativos disciplinarios correspondientes, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran aplicarse.
Asimismo, aseguró su disposición para colaborar con las autoridades competentes en la investigación del caso.