El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) se pronunció con respecto a la muerte de cuatro menores de edad que fueron aprehendidos por una patrulla militar en el sur de Guayaquil el pasado 8 de diciembre.
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Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, fueron detenidos a las afueras de un centro comercial. El Ministerio de Defensa indicó que el procedimiento se llevó a cabo a raíz de una alerta de robo. No obstante, la Fiscalía ha señalado que no hay prueba de ello.
Tras quedar bajo custodia de los uniformados, quienes son integrantes de la Fuerza Aérea de Ecuador, los menores de edad fueron trasladados hasta la parroquia de Taura y, según la cartera de Estado referida, liberados "sanos y salvos". Sus restos calcinados fueron hallados en dicha parroquia tres semanas después.
Hasta ahora, no se ha precisado qué habría ocurrido con las víctimas desde que supuestamente se apearon del vehículo militar en Taura hasta que perdieron la vida. La única pista es una llamada desde un celular prestado que uno de los niños realizó para contactar a su familia a las 11 de la noche.
"Esta pérdida irreparable deja una herida que atraviesa a todo el país y que solo sanará en la medida en que exista justicia, reparación integral y la garantía de que esto no vuelva a suceder", declaró la organización que trabaja en pro de los derechos de los niños y adolescentes.
Los 16 militares implicados en el hecho fueron procesados como presuntos partícipes de desaparición forzada, según un dictamen judicial en el que también se resolvió que el Estado tuvo responsabilidad en el caso, cuando aún los restos de los menores de edad no habían sido identificados.
En la audiencia de formulación de cargos, llevada a cabo la semana pasada, también se dictó prisión preventiva para los uniformados, quienes "no siguieron los protocolos establecidos" durante la aprehensión los menores, según la magistrada que reconoció la existencia de desaparición forzada.
Durante las investigaciones iniciales, cuando la muerte de los pequeños todavía no había sido confirmada, la UNICEF, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exigió que el Estado ecuatoriano agote todos los mecanismos necesarios para revisar los hechos de manera exhaustiva, ágil e imparcial, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.
El comunicado emitido por ambas entidades también recordó que, al haber ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, Ecuador tiene la obligación de proteger los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, así como de garantizar su acceso al sistema de justicia juvenil especializado en caso de ser detenidos.
El ministro de Gobierno de Ecuador, José de la Gasca, declaró este jueves que "no se puede hablar de un crimen de Estado" en el caso de los niños asesinados, que es referido por la Fiscalía como caso "Las Malvinas".
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"Las investigaciones están en curso (...) Yo no puedo dar por afirmado que había un operativo, eso se determinará con las pruebas. Lo que sí sé es que en este momento existe ya una formulación de cargos por el delito de desaparición forzosa, no por ejecución extrajudicial. Tampoco se puede hablar de un crimen de Estado o de un crimen de lesa humanidad", dijo De la Gasca en una rueda de prensa en Guayaquil.
El ministro pidió "educarse primero antes de hacer afirmaciones en ese sentido" y entender su repercusión, pues, dijo, hasta el momento el asesinato de los menores "no fue endilgado en la imputación" que se realizó contra los militares.
"Eso está abierto en una investigación que tendrá que manejar la Fiscalía, porque hay que establecer si en efecto se derivó o no se derivó de la desaparición forzada inicial, eso es importante", señaló.
"Lo que puedan haber hecho o no puedan haber hecho ciertos militares no debe ni puede empañar la imagen de las Fuerzas Armadas ni de las fuerzas del orden. No caigamos en ese discurso politiquero", agregó.