Dictamen de prisión preventiva contra militares en el caso de los niños de las Malvinas será apelado, aseguró abogado
Mientras se realizaban las investigaciones que llevaron a la identificación de los cuerpos, a los militares se les formularon cargos por "desaparición forzada".
Tras el dictamen de prisión preventiva que recayó sobre dieciséis integrantes de la Fuerza Aérea de Ecuador (FAE) investigados por la desaparición forzada de cuatro menores de edad aprehendidos por ellos en el sur de Guayaquil, Jesús López, abogado de los procesados, indicó que se iba a presentar una apelación.
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“Vamos a apelar, vamos a apelar”, reiteró el letrado mientra salía del Complejo Judicial Sur, en el que se congregaron familiares de los niños, cuyas muertes fueron confirmadas minutos después de que terminara la sesión judicial, pues pruebas de ADN revelaron que cuatro cuerpos calcinados hallados hace una semana en la parroquia rural de Taura correspondían a los de las víctimas.
Los menores de edad vivían en el barrio Las Malvinas y fueron aprehendidos por la patrulla militar durante la noche del pasado 8 de diciembre, en las inmediaciones de un centro comercial. Los uniformados implicados aseguran que la detención se dio por una alerta de robo. No obstante, la Fiscalía General del Estado ha señalado que no hay ninguna evidencia de ello.
Tras ser detenidos, los cuatro niños fueron trasladados en un vehículo militar hasta la parroquia Taura, donde los cuerpos fueron hallados, situada a 30 kilómetros de la ciudad portuaria. Sin embargo, en lugar de ingresar a una base militar o policial bajo custodia de los miembros de la FAE, habrían sido liberados "sanos y salvos", según el Ministerio de Defensa.
Es a partir de ese momento que el rastro deja una única pista: una llamada desde un celular prestado por un ciudadano de uno de los chicos a su familia, en la que le relata lo ocurrido y pide que los vayan a recoger. Cuando esto ocurre ya era casi medianoche. Después de colgar, acaban los detalles sobre lo que habría ocurrido.
Mientras se llevaban a cabo las investigaciones que llevaron a la identificación de los cuerpos, a los militares se les formularon cargos por "desaparición forzada", después de que una jueza determinara que hubo responsabilidad del Estado y que no se siguieron los protocolos adecuados en lo que respecta a la aprehensión.
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Ahora, con la confirmación de la muerte de los cuatro menores, identificados como Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, se prevé que la investigación tomará un rumbo diferente, con miras a esclarecer la secuencia de hechos que se habría dado tras la última llamada que habría realizado uno de los menores.
Hasta ahora, ni el Gobierno ni las Fuerzas Armadas han emitido un pronunciamiento con respecto al dictamen de prisión preventiva en contra de los integrantes de la FAE, cuyos familiares también acudieron al Complejo Judicial para exigir que los cargos fueran retirados, alegando que los niños fueron liberados "sanos y salvos" por los militares y que otros actores no identificados causaron su muerte.
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