Una nueva investigación por delincuencia organizada se abrió contra el exjuez 'suicida' Emerson Curipallo y un exfiscal identificado como Víctor Hugo A., alias 'Pillo buena gente'.
La madrugada de este miércoles 18 de diciembre se llevaron a cabo los operativos contra los exfuncionarios recientemente condenados en la trama de corrupción judicial del Caso Metástasis.
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Agentes de la Fiscalía y Policía ejecutaron allanamientos en Quito (Pichincha) y Santo Domingo de los Tsáchilas (Santo Domingo), donde se recolectaron varios indicios.
En este proceso, Fiscalía investiga una presunta estructura delictiva dedicada al otorgamiento ilegítimo de garantías constitucionales, en el que habrían participado el exjuez y exfiscal.
Emerson Curipallo, quien en 2022 ordenó, de forma fraudulenta, la liberación del exvicepresidente Jorge Glas, ha sido doblemente condenado por prevaricato. También ha sido sentenciado por delincuencia organizada en la trama de corrupción Metástasis.
El exjuez de la Unidad de Garantías Penales de Santo Domingo formaba parte de la red criminal del narcotraficante asesinado Leandro Norero, alias El Patrón.
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Dentro de esta organización se le clasificaba como un "juez suicida", un término que se usaba para describir a aquellos jueces reclutados para llevar a cabo actividades ilícitas desde sus funciones.
Se confirmó que el exjuez estuvo a cargo de los procesos judiciales de Santiago M., alias “Madrid” y John N., alias “Cuyuyuy”, identificados como los brazos armados de Norero.
Su rol de colaboración radicó en la concesión de la libertad de los referidos ciudadanos a través de acciones legales y del abuso de garantías jurisdiccionales.
La investigación de Fiscalía descubrió que la liberación se efectuó a cambio de un soborno de 200.000 dólares.
Mientras que el exfiscal Víctor A. ha sido sentenciado a nueve años y cuatro meses de cárcel, como colaborador (con agravantes), en Metástasis.
Se descubrió su participación en la estructura delictiva que trabajó para el fallecido Leandro Norero con el fin de que él y su familia evadieran a la justicia.
En esta causa, Fiscalía probó que jueces, fiscales, policías, servidores penitenciarios, abogados y ciudadanos particulares se concertaron, de forma consciente y voluntaria, para crear una estructura criminal.