Policías que traicionan el uniforme: ¿Por qué altos y bajos mandos sirven al crimen?
Las fuerzas del orden "no han sabido adaptarse a este nuevo contexto" de criminalidad y se necesitan nuevas formas de control.
Un excoronel de la Policía y un capitán de la marina implicados en una red transnacional de narcotráfico, un agente procesado por fuga de información y otro uniformado acusado de reclutar menores de edad para actos delictivos. Son los recientes casos que dejan en evidencia, otra vez, la penetración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad de Ecuador. Expertos coinciden en que es necesaria una depuración e implementación de nuevas formas de control.
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El pasado 12 de diciembre del 2024 cayó una red de narcotráfico dedicada a contaminar contenedores para enviar droga a Europa. En total se detuvo a ocho personas en distintas ciudades del país. Causó sorpresa que entre los implicados estaba Julio César Miño, un coronel en servicio pasivo que fue jefe de la Policía Judicial del Guayas y Comandante de la Subzona de Manabí No.13.
Además, fue aprehendido un miembro de la Marina ecuatoriana: el capitán de corbeta en servicio activo Galo Manuel Litardo García. Ellos se habrían confabulado con alias ‘Carlitos’, considerado como un objetivo de alto valor. La Policía informó que esta organización financiaba sus actividades ilícitas con presuntos contratos de empresas dedicadas a la minería.
Para la consultora política en Seguridad Pública del Estado, Katherine Herrera, estos casos reflejan el gran poder de las organizaciones criminales para penetrar desde los más bajos niveles de poder hasta los altos mandos. “Esto sucede porque las bandas han asumido cada vez más las competencias que le corresponden al Estado”, apunta la analista.
Explica que los grupos criminales buscan a personas de rangos superiores con cuatro propósitos esenciales: generar enlaces con otros actores del Estado, establecer normas o políticas públicas a favor de la estructura, filtrar información de los operativos o cambiar la planificación y proveer de custodia al cargamento.
No es la primera vez que se conoce este tipo de hechos en el alto mando de la fuerza pública. Hace unos años, el exembajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, denunció la presencia de narcogenerales. Posteriormente, la Contraloría emitió un informe de responsabilidad penal contra un servidor pasivo y dos en servicio activo.
Asimismo, en el caso Metástasis, una investigación sobre una red criminal que favorecía al narco fallecido Leandro Norero, fueron sentenciados varios policías, entre ellos, Pablo Ramírez, exdirector antinarcóticos y exdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI).
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NIVELES BAJOS Y MEDIOS
Los agentes de poco rango son más susceptibles a caer en las manos de las bandas. Esto también quedó demostrado esta semana cuando la Policía ejecutó un operativo en urbanizaciones de la vía a Daule, provincia del Guayas. Tres personas fueron procesadas por la Fiscalía, entre ellos un policía en servicio activo.
El Ministerio Público informó que Jairo R. habría enviado pormenores de los allanamientos a un habitante de las urbanizaciones. El agente será investigado por el delito de difusión de información de circulación restringida y quedó bajo prisión preventiva.
Mientras tanto, en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí, otro policía identificado como Wellington A. fue capturado por el presunto delito de trata de personas con fines de reclutamiento para organizaciones criminales. Este sujeto habría entrenado a menores de edad para actos delictivos como sicariatos.
“Es el primer caso de una persona que será procesada por ese delito en la historia del Ecuador. Además, evidencia que algunos policías ya no son solo colaboradores, sino también militantes de las estructuras criminales”, señala la analista Katherine Herrera.
Por su parte, Renato Rivera, director del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), explica que algunos policías vienen de contextos rurales, pobres y desatendidos por el Estado. En su juventud se interrelacionan con los que después son delincuentes. “Esa proximidad puede llevar a un policía a estar vinculado con bandas”, apunta el analista.
A esto hay que sumarle que la rentabilidad al estar en una organización delictiva es mayor frente a lo que reciben de las instituciones a las que pertenecen. Los mandos bajos que ayudan a cuidar el cargamento, por ejemplo, pueden ganar hasta siete mil dólares, pero las cabezas y personas infiltradas pueden percibir hasta 200 mil dólares o más; por eso, muchos prefieren traicionar el uniforme y aliarse con el crimen.
Cabe mencionar que esta situación no es exclusiva de la Policía. También se han identificado militares que ingresaron armas a las cárceles o agentes penitenciarios aliados de los reos.
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¿QUÉ PASA EN LAS INSTITUCIONES?
“No hay crimen organizado sin que el Estado lo proteja”, sentencia Renato Rivera. Explica que el aumento de los índices de criminalidad siempre produce casos de corrupción e infiltración del crimen en las instituciones.
Esto sucede en todos los países, pero en Ecuador las entidades “no han sabido adaptarse a este nuevo contexto”. Prueba de ello, es que el “90% de los casos en los que hay infiltración de policías con el crimen organizado terminan siendo resueltos como trámites administrativos”, menciona el especialista.
“Muchas veces se dice que la justicia no está haciendo su trabajo, pero también hay un problema dentro del área de Asuntos Internos de la Policía, que no se ha reformado”, agrega Rivera.
De hecho, una investigación del 2023 entre Connectas y TC Televisión mostró que el sistema de vigilancia interna de la Policía “permitió que más de 1.000 efectivos detenidos sigan siendo parte de la fuerza” y que solo el 2 % de los denunciados en Asuntos Internos fueron destituidos.
Esto ocurre por varias causas, una de ellas es que la Policía y las Fuerzas Armadas son instituciones jerarquizadas y el policía que investiga al agente sospechoso normalmente va a proteger los intereses de la institución.
Por ello, Rivera cree necesario que las direcciones de asuntos internos “deben estar supeditadas a un control civil y democrático”. Además, todos los procesos disciplinarios deben venir acompañados por investigaciones penales para desarticular toda la organización, ya que a veces solo caen los mandos menores y no las cabezas.
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RECOMENDACIONES
La experta en seguridad, Katherine Herrera, da las siguientes sugerencias para evitar que más policías y militares formen parte de organizaciones criminales:
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