Alcalde de Isabela pide mayor presencia estatal tras caso de explotación sexual: 'Nos sentimos desprotegidos'
Ciudadanos de Isabela deben viajar durante dos horas para poner una denuncia en Fiscalía.
“Nos sentimos desprotegidos”, así describe el alcalde de la isla Isabela (Galápagos), Alfredo Morocho, la falta de presencia estatal en la pequeña localidad conmocionada por el caso de dos adolescentes víctimas de presunta explotación sexual. Allí no existe un fiscal y la presencia policial es escasa, mientras la violencia de género gana terreno.
Es uno de los puntos más alejados del Ecuador continental, ubicado a 1.443 kilómetros y lleno de atractivos turísticos. Cuenta con una población de aproximadamente 3.000 habitantes, que viven en aparente paz, pero detrás de los hermosos paisajes, se esconde una dura realidad. Delitos como la violencia intrafamiliar y violaciones son cada vez más recurrentes.
Pese a su pequeña población, solo en el 2023, la Fiscalía contabilizó cinco denuncias de presunta violación y otras cinco por violencia psicológica en Isabela, según un análisis de datos hecho por el Movimiento Activista de Galápagos de Mujeres en Alerta (MAGMA). Durante ese año también se reportó dos casos abuso sexual, dos de acoso y uno violencia física.
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Pero las alarmas se encendieron el pasado 26 de septiembre del 2024, cuando la Policía rescató a dos menores de edad de 16 años que eran captadas para asistir a fiestas en domicilios y luego las filmaban teniendo relaciones sexuales a cambio de dinero.
La investigación nació hace aproximadamente dos meses tras la alerta de colectivos de mujeres y dos denuncias en la Fiscalía de Santa Cruz por el delito de violación. Además, un video con contenido sexual llegó a manos de uno de los padres de las víctimas. Actualmente, las adolescentes están en una casa de acogida fuera del archipiélago.
Son los dos únicos casos que las autoridades registran en Isabela por presunta explotación sexual, pero el alcalde de la localidad reconoce que podría haber más. “Vivimos en un lugar aislado, donde aparentemente no pasa nada, pero nuestros niños y jóvenes son víctimas de abusos. También ha existido casos de turistas extranjeras agredidas”, asegura Alfredo Morocho.
La autoridad hace referencia al caso reportado por Vistazo en octubre del 2023. Una turista polaca denunció que fue violada por un ciudadano local durante un recorrido por el Parque Nacional en Isabela. La joven pasó una serie de peripecias para alertar a la Policía y denunciar en la Fiscalía de Santa Cruz. Tras un año de perpetrado los hechos, aún se desconoce información del acusado.
Morocho advierte que si no hay la presencia de autoridades de control se puede volver “tierra de nadie”. Por ello, cree que es de “vital importancia poder contar con un fiscal permanente”.
PERIPLO PARA DENUNCIAR
El alcalde de Isabela narra que los ciudadanos se sienten en indefensión porque deben viajar durante dos horas hasta Santa Cruz para interponer una denuncia en el Ministerio Público. Además, el personal policial es escaso, solo hay 20 efectivos, pero existen épocas en las que el 50% sale de vacaciones, y los pocos que quedan no están capacitados para atender casos relacionados con violencia contra menores de edad.
“Un padre de familia fue a denunciar (a una UPC) un caso de violación y simplemente le dijeron que no le pueden ayudar”, narra Morocho.
A esto hay que sumarle el costo del traslado de una isla a otra. El pasaje cuesta 30 dólares, por lo que si van dos personas (el padre y la víctima) el saldo de ida y regreso termina en 120 dólares. Eso más el precio de los abogados y demás trámites que surgen tras una denuncia.
Ante este panorama son pocas las personas que deciden seguir el proceso. En otras ocasiones se pasa el tiempo de flagrancia o hacen la denuncia, pero luego desisten y llegan a acuerdos extrajudiciales, creando una estela de impunidad.
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¿Y qué pasa con las víctimas? Al ser una comunidad pequeña, muchas veces “hay una revictimización porque ves al agresor campante en las calles”, comenta el alcalde.
“Somos uno de los lugares más alejados y quizás para el Ecuador nuestros problemas no son nada, pero si no contamos con la presencia de un fiscal, seguirán creciendo estos problemas”, apunta el burgomaestre, quien además solicita un centro de salud tipo C y conectividad aérea.
Él asegura que ha enviado varios oficios a instituciones como el Ministerio de Salud, Judicatura y Consejo de Gobierno de Galápagos, pero no ha obtenido una respuesta concreta.
RESPUESTAS INSTITUCIONALES
Irene Romero, delegada provincial de la Defensoría del Pueblo en Galápagos, aseguró a Vistazo que la institución abrió un proceso de vigilancia del debido proceso en torno al caso de las dos adolescentes que habrían sido explotadas sexualmente.
Agregó que hace algunas semanas se presentó en la Comisión de la Niñez y Adolescencia de la Asamblea un informe sobre los nudos críticos que enfrentan los menores de edad en las islas. En el documento se habla de la necesidad de que en Isabela haya una mayor presencia estatal, especialmente un fiscal, un defensor público y un delegado del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos.
Así mismo, Romero cree que es imprescindible la instalación de una casa de acogida para las víctimas de violencia de género a nivel provincial porque actualmente deben ser trasladadas a otras ciudades del Ecuador continental.
“Nosotros hemos levantado exhortos al Consejo de Gobierno de Galápagos y al Ministerio de la Mujer para que exista una casa de acogida y un centro violeta para trabajar en la prevención, sin embargo, aún no hay respuesta de las instituciones”, apunta la funcionaria.
Por su parte, Laura Paredes, de la oficina técnica número 5 del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, mencionó que la institución mantiene contacto con las familias de las víctimas de presunta explotación sexual y trabaja con otras entidades como el MIES, Fiscalía y Ministerio del Interior para ayudarlas.
En lo que va del 2024, el Ministerio de la Mujer ha efectuado 1.327 atenciones a mujeres y menores víctimas de violencia en Galápagos, “dentro de estas atenciones tenemos un porcentaje bastante alarmante de este tipo de casos (presunta explotación sexual)”, reconoce Paredes.
Detalló que entre 17% y 20% de los casos se investigan presuntos actos de explotación sexual. Por ello, aseguró que trabajan en varios ejes como la prevención a través de talleres con la población e instituciones educativas.
No obstante, en la isla Isabela recién se están articulando acciones con la junta cantonal. Para el mes de noviembre se tiene prevista una intervención en territorio con el objetivo de fortalecer el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes y mujeres.
La institución cuenta con tan solo cuatro funcionarios en toda la provincia de Galápagos: un analista legal, dos psicólogas y una trabajadora social. “Todavía hay mucho por hacer”, acepta la representante del Ministerio de la Mujer, quien espera que se concrete una mayor presencia de funcionarios de esta cartera de Estado.
“Se ha expuesto la necesidad de nuevos profesionales a nivel nacional y nuestras islas también. Esperemos que la situación mejore y que se puedan hacer las debidas contrataciones”, acotó.
El colectivo MAGMA ha insistido en que es necesario una Fiscalía especializada en género en Santa Cruz, porque es la localidad con más denuncias, y que el número de habitantes no puede ser un criterio para asignar recursos sobre todo en una provincia, donde el 50% de los casos denunciados han sido archivados o solicitado su archivo, según datos del Ministerio Público hasta 2023.
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