Mientras militares vigilan las ciudades, grupos criminales extienden cultivos de coca en Amazonía de Ecuador
En muchas ocasiones, criminales invaden territorios de las comunidades indígenas para forzarlos a sembrar coca.
En Ecuador se han detectado 2.000 hectáreas de hoja de coca, sembradas los tres últimos años, según el presidente Daniel Noboa. No obstante, este año los militares solo han descubierto seis plantaciones en Sucumbíos, que suman 16 hectáreas, debido a que disminuyeron los operativos y personal, que fue asignado a otras misiones en el resto del país, desde enero pasado.
Las organizaciones armadas transnacionales han convertido a la Amazonía andina en un territorio en disputa para sus actividades, por la débil presencia del Estado. En Colombia las fuerzas militares no tienen presencia ni puestos fijos de control en la frontera.
Desde 2018, los cultivos ilegales de hoja de coca han tenido un aumento alarmante en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú. Este fenómeno ha provocado también una severa deforestación, así como asesinatos de líderes indígenas y la invasión de sus territorios y áreas protegidas.
El avance de los cultivos coincide con el fortalecimiento de seis grupos criminales que tienen el control territorial en las fronteras amazónicas de Colombia, Brasil y Ecuador.
El anuncio sorprendió a muchos. En Ecuador se han detectado 2.000 hectáreas de hoja de coca, gracias a información satelital obtenida con asistencia internacional, dijo anoche el presidente Daniel Noboa en cadena nacional. “No nos haremos de la vista gorda, cerraremos las puertas a estas organizaciones, vamos por su financiamiento. Este 11 de octubre ya empezaron las operaciones”, agregó Noboa, quien responsabilizó de esas acciones a grupos narcoterroristas locales relacionados con organizaciones criminales internacionales.
Fuentes de Inteligencia dijeron a esta alianza que efectivamente hay un avance significativo de los cultivos en las zonas selváticas fronterizas ecuatorianas con Colombia. Eso debido a que la mayoría de uniformados de Fuerzas Armadas, en especial el Ejército, disminuyó su presencia permanente y los operativos en esa zona, para desplazarse a otras ciudades y provincias para enfrentar a los grupos criminales y atender funciones de control en las cárceles, zonas de minería ilegal, puertos del país, así como en las hidroeléctricas y otros sectores estratégicos. “Estas estructuras narcodelictivas están tratando de controlar importantes corredores de movilidad de trasporte de drogas desde Colombia hacia los puertos de Guayaquil y Manabí”, según un reporte de Inteligencia.
El sinnúmero de funciones asignadas a los militares y la Policía, en especial desde enero pasado cuando Noboa declaró el estado de guerra interna contra los grupos nacoterroristas, mermó el control en las provincias amazónicas, vecinas del Putumayo colombiano, donde se produce más de 60% de la coca.
En el cordón fronterizo con Colombia los grupos disidentes, aliados con bandas narcodelictivas y redes de cooperantes ecuatorianas, ejecutan nuevas dinámicas para el procesamiento de pasta base de coca. Eso incluye centros de concentración, tecnificación, mejoramiento de los procesos de la siembra, extracción, producción y comercialización de la droga. Así expanden sus cultivos especialmente en áreas protegidas con el apoyo de las comunidades indigenas, que adquieren los precursores químicos para actividades agrícolas.
Destruyen plantación de 2,5 hectáreas
Esta alianza confirmó que el viernes pasado el Ejército ecuatoriano detectó en el sector de Manzoya, en el cantón Putumayo, en Sucumbíos, una plantación de 2,5 hectáreas de hoja de coca.
Los uniformados del Batallón de Selva 25 Putumayo, parte de la Brigada Napo 19, ubicaron los sembradíos en un barrido, gracias a la información de inteligencia del GIM87 Amazonas.
Durante el reconocimiento del lugar, los militares identificaron una estructura de madera utilizada como laboratorio para el procesamiento de pasta pase de cocaína y hoja de coca. En el sitio los uniformados también hallaron víveres, una balanza, hoja de coca picada, una moto guadaña y repuestos.
Tras acordonar el lugar, los militares incineraron las plantas de coca, así como la estructura complementaria para su acopio y procesamiento bruto. Según un informe, la destrucción de estos sembríos afecta la producción aproximada de 15 kilos de clorhidrato de cocaína, valorada en 40.000 dólares.
Oficiales del Ejército ecuatoriano realizaron coordinaciones con sus homólogos colombianos para reforzar la seguridad, desde sus embarcaciones en territorio colombiano, durante la ejecución de la operación militar, el viernes pasado.
Según un reporte de Inteligencia, las plantaciones y laboratorios que operan en el límite frontertizo, en Sucumbós y Orellana, son controlados por los Comandos de la Frontera, que mantienen alianzas criminales con Los Lobos y Los Choneros, tanto para el narcotráfico como para la minería ilegal.
Esos sembradíos están orientados inicialmente para la producción de pasta base de cocaína, que luego es transportada a los laboratorios, donde es tratada con precursores químicos para convertirla en clorhidrato de cocaína. Los grupos armados cuentan con el apoyo de habitantes de los sectores aledaños, que son parte de las redes de apoyo logístico y de alertas sobre operaciones del Ejéricto. Otro factor que ha agravado esta dinámica son los diálogos para llegar a un acuerdo de paz que el gobierno colombiano mantiene con grupos armados, que han aprovechado la tregua para aumentar la producción de cocaína.
Entre agosto del 2022 y abril pasado, el Ejército descubrió ocho laboratorios en el lado ecuatoriano, la mayoría en Esmeraldas. En lo que va del año se han descubierto seis plantaciones en Sucumbíos, que suman 16 hectáreas.
Débil presencia estatal facilita acciones criminales
El aumento de los cultivos ilegales de coca no es reciente, ni coyuntural. Desde 2018, las organizaciones armadas transnacionales han convertido a la Amazonía andina en un territorio en disputa para sus actividades, debido a la débil presencia de los estados. Los cultivos ilegales de hoja han tenido un aumento alarmante en Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú.
Un análisis de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico, con sus socios La Silla Vacía, Vistazo, Código Vidrio y El Deber, reveló en junio pasado cómo la reconfiguración de los poderes criminales está transformando el mapa de la droga en la región y expandiendo el control en la selva baja.
Las zonas de la Amazonía en donde los últimos años se están extendiendo los cultivos de hoja de coca son las localidades fronterizas. Así ocurre en la frontera de Perú con Colombia y Brasil, en la denominada triple frontera: las plantaciones crecen en las cuencas de los ríos Putumayo y Yavarí. Pero también ocurre hacia el sur, en la frontera de Perú con el estado de Acre (Brasil), y en los límites de Bolivia con Perú y Brasil. Y se repite, en el norte, en la frontera de Ecuador con Colombia. Este fenómeno ha provocado también una severa deforestación, así como asesinatos de líderes indígenas y la invasión de sus territorios y áreas protegidas.
Severa deforestación
En Sucumbíos, límite con la provincia colombiana del Putumayo y la provincia peruana del mismo nombre, la deforestación pasó de 6.824 hectáreas en 2020, a 9.146 hectáreas en 2022, lo que representa un incremento del 34%. Es la segunda provincia de la Amazonía ecuatoriana con mayor pérdida de bosques. En primer lugar se ubica Morona Santiago, también frontera con Perú, con 9.828 hectáreas deforestadas el 2022.
Desde las riberas de los ríos Putumayo, que atraviesa Brasil, Colombia y Perú, y Yavarí, que separa Perú de Brasil; hasta las fronteras de Perú con Bolivia y Brasil, los cultivos de hoja de coca se extienden en Ecuador, Perú y Bolivia impulsados por grupos criminales que captan y muchas otras veces, invaden los territorios de las comunidades indígenas para forzarlos a sembrar coca.
Seis grupos criminales se fortalecen
El avance de los cultivos coincide con el fortalecimiento de seis grupos criminales que tienen el control territorial de estas fronteras amazónicas: Primer Comando Capital y el Comando Vermelho (de Brasil, con influencia y presencia en Perú), Comandos de la Frontera y Frente Carolina Ramirez (de Colombia, con influencia y presencia en Ecuador y Perú), y Los Lobos y Los Choneros (de Ecuador, con presencia en Perú).
El auge del tráfico de drogas en la región ahora tiene como principal foco de disputa el territorio amazónico, según informes y expertos consultados. Mientras Perú, Colombia y Bolivia continúan siendo el epicentro de la producción de cocaína en el mundo, y Ecuador dejó de ser una zona de tránsito para convertirse en el centro de la distribución, las mafias del narcotráfico han puesto su atención en la invasión de tierras indígenas y bosques amazónicos para extender la frontera de la hoja de coca ilegal.
Un análisis de la Red Investigativa Transfronteriza de OjoPúblico identifica que la reconfiguración de las organizaciones criminales está modificando el mapa de la droga, expandiendo los cultivos ilegales de hoja de coca en áreas protegidas.
Solo entre 2018 y 2022, según cifras oficiales, la deforestación en la Amazonía de Colombia, Ecuador y Perú superó el millón de hectáreas. Pero la situación más alarmante se presentó en Bolivia, donde la pérdida de bosques alcanzó, solo el 2023, más de 696 mil hectáreas, que representa un aumentó del 27 % respecto al año anterior, según los reportes de Global Forest Watch.
Gran parte de esta destrucción está relacionada al avance de las plantaciones de coca sobre suelos de bosques.
El análisis de datos espaciales y estadísticos realizado revela que en Perú el 64% de la deforestación (356 mil hectáreas) correspondió a zonas de la Amazonía donde los cultivos de coca se han acentuado.
Acelerados por la innovación genética, la tecnificación de recursos, el empoderamiento de actores criminales internacionales que han tomado el control de las plantaciones y de las rutas hacia Brasil, se ha impuesto un nuevo orden en el mercado de la coca en medio una crisis que atraviesa el precio de la hoja de coca en Colombia.
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