Fiscalía emitió dictamen acusatorio contra dieciséis acusados por un supuesto delito de delincuencia organizada para la compra de insumos médicos, adquiridos entre 2015 y 2019 en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil.
Fiscalía investiga a una presunta organización delictiva que habría ejecutado actos de corrupción en la contratación pública del Hospital, que ocasionó un supuesto perjuicio económico de 10 millones de dólares, aproximadamente, en dieciocho convenios de pago por la compra de insumos médicos con presunto sobreprecio.
El 2 de junio de 2020, en operativos ejecutados por Fiscalía y Policía Nacional, varias personas fueron procesadas luego de su detención en los sectores La Garzota, Puerto Santa Ana, Vernaza Norte, en Guayaquil; y urbanizaciones privadas en las vías a Daule, Samborondón y Salinas, encontrándose entre ellos exfuncionarios de la casa de salud y representantes de casas comerciales dedicadas a esta actividad.
En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrollada en la Unidad Judicial Sur Valdivia, Fiscalía presentó como elementos de convicción: los informes investigativos de la Unidad de Inteligencia Antidelictiva (UIAD-G), los informes de contrataciones entre la entidad de salud y personas naturales y jurídicas, y los informes generales emitidos por la Contraloría General del Estado entre el 1 de enero de 2015 al 30 de junio de 2018.
Se incluyeron, además, las certificaciones obtenidas de solicitudes jurídicas derivadas por varias áreas de la entidad para la compra y adquisición de los insumos médicos, las órdenes de pago por la compra de estos y las versiones de los procesados en el caso.
El juez de Garantías Penales, Patricio Vidal, acogió el pedido de Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio contra Luis Enrique J. Z., Jorge Josué H. A., Esteban S. M., José Euclides B. G., Francisco O. T., Jorge C. B., Javier V. Ch., Francisco S. J., Hugo V. F., Janeth P. O., Omar C. V., Cristina A. R., Judith A. O., Raúl P. T., Juan José P.G. y Karina G. J.
El Magistrado ratificó las medidas cautelares que pesaban contra los procesados y dispuso, además, la retención de valores en cuentas bancarias por 10 millones de dólares y la prohibición de enajenar sus bienes.
Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.