Los partidos políticos españoles empiezan hoy a analizar con detalle los resultados de las elecciones legislativas del domingo sin mayorías claras para formar gobierno, lo que exigirá diálogo para intentar alcanzar pactos.
Según los resultados definitivos, el gobernante Partido Popular (PP, centroderecha) logró 123 diputados con el 28,7 % de los votos, seguido del PSOE (socialistas) con 90 escaños y el 22 %; mientras que Podemos (izquierda) tiene 69 escaños y el 20,6 % y Ciudadanos (liberales) es el cuarto con 40 diputados y el 13,9 % de los votos.
El resto, hasta 350 escaños, se los reparten partidos independentistas o nacionalistas, y pequeñas fuerzas de izquierda.
La mayoría absoluta que se requiere para ser elegido presidente del Gobierno es de 176 escaños, lo que obligaría a que en cualquier pacto participen al menos tres partidos, salvo que fuera entre populares y socialistas, una opción que nunca se ha dado en la política española pues son rivales históricos.
En las primeras reacciones tras las elecciones del domingo, todos los líderes abogaron por el diálogo y el consenso para asegurar la gobernabilidad en un marco inédito desde 1977, cuando España recuperó la democracia.
Las direcciones de los partidos políticos se reunirán hoy para examinar con más detalle los resultados y empezar a evaluar opciones de pactos.
Las dos Cámaras - Congreso y Senado - se abrirán el 13 de enero y pocos días después el rey Felipe VI llevará a cabo una ronda de consultas con los líderes de todos los grupos.
De esas conversaciones saldrá la propuesta del monarca de un candidato a la Presidencia del Gobierno, que se someterá a un debate de investidura.
Para ser elegido jefe del Ejecutivo, el candidato debe obtener en una primera votación la mayoría absoluta de la Cámara (176 votos) y, si no lo consigue, se produciría una segunda votación 48 horas después, en la que se requeriría mayoría simple (más síes que noes).
Si también es rechazado el candidato en esa segunda posibilidad existe la posibilidad de que el rey proponga nuevos aspirantes en un plazo máximo de dos meses desde la primera votación de investidura.
Y si ningún candidato obtiene la confianza del Congreso se convocaría nuevas elecciones.