Iglesia Católica paga compensación millonaria a víctimas de abuso sexual
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En febrero de 2020, dos presuntas víctimas de los abusos sexuales del pastor Manuel La Rosa-Lopez demandaron por encubrimiento al Vaticano y la Arquidiócesis de Galveston-Houston. Sin embargo, ningún representante de la Santa Sede ni de la Arquidiócesis será juzgado por estas acusaciones.
En cambio, la Iglesia Católica decidió pagar una compensación económica a las víctimas para evitar el proceso judicial.
Según
Telemundo en la disputa legal cada uno de los dos demandantes, identificados como John y Jane Doe para proteger su identidad, reclamaban a la Iglesia 10 millones de dólares por haber encubierto los abuso
s. Los demandantes aseguran que La Rosa-Lopez abusó de ellos a finales de la década de los 90 y principios de los 2000. Ambos son ciudadanos estadounidenses. Él es un hombre latino que ahora vive en el estado de Washington y ella, una mujer que vive en Texas.
En ese entonces eran menores de edad, él tenía 17 años y, de ella, solo consta que era adolescente cuando se produjeron los hechos denunciados.
El pastor aprovechó de la confianza que le entregaron sus víctimas para abusar de ellas.
En el caso de John Doe, el pastor participaba en eventos familiares y llegó a convertirse en un referente para el joven. Al pasar el tiempo
esa confianza se tornó en “abuso, asalto y explotación sexual”. En una ocasión, La Rosa-Lopez impidió al joven salir de la rectoría y lo asaltó sexualmente, detalla el documento.
En el caso de la víctima femenina, Jane Doe,
el pastor era su confesor. La joven describió en un diario cómo el padre tocaba sus partes íntimas en el interior de la iglesia del Sagrado Corazón, después de una función de teatro, La pasión de Cristo. La demandante asegura que c
reyó estar en una relación amorosa con el sacerdote.
El padre de la joven descubrió su diario, en el que describía sus encuentros secretos con La Rosa-Lopez y, alarmado, dio aviso a los superiores de la parroquia.
Al poco tiempo, la familia supo que el hombre había sido transferido a otra parroquia y años después, en 2010, descubrieron que el sacerdote había sido promocionado con una parroquia mayor en Richmond, Texas.
La joven habló con
el máximo responsable de la Arquidiócesis de Galveston-Houston, el cardenal Daniel DiNardo, para pedirle explicaciones.
DiNardo le dijo que La Rosa-Lopez había sido enviado a una institución mental y consecuentemente asignado un puesto administrativo donde no tendría contacto con menores.
En los ocho años siguientes fue ascendiendo en el escalafón de la arquidiócesis hasta que DiNardo le confió el puesto de Vicario Episcopal de los Hispanos.
En 2018, se hace público el caso. Las dos presuntas víctimas y una tercera deciden demandar al sacerdote por abusos sexuales y la policía emitió una orden de arresto. Después de ser detenido, La Rosa-Lopez
fue puesto en libertad después del pago de una fianza de 375,000 dólares, según la fiscalía del condado de Montgomery, Texas.
Tras varias postergaciones durante el proceso, La Rosa-Lopez espera su juicio en corte el próximo 19 de enero de 2021.
Como máximo responsable de la Arquidiócesis, DiNardo está acusado de desoír las denuncias de feligreses que pesaban sobre el pastor Manuel Antonio La Rosa-Lopez desde 1992, incluida la acusación por abuso sexual a un menor de sexto grado, según detalla la demanda. Pese a las quejas que le llegaron, DiNardo no solo no lo apartó de sus tareas sino que lo promovió en el escalafón.
Los representantes legales de las dos víctimas
pidieron 10 millones de dólares para cada una de ellas como compensación por el daño sufrido, por “negligencia, fraude e incumplimiento del deber fiduciario” de la institución religiosa y de algunos de sus representantes por supuestamente haber encubierto al autor de los abusos sexuales.
La Iglesia llegó a presentar una moción para que se desestimara el caso alegando que ya había prescrito, pero en 2007, Texas cambió su legislación para ampliar los límites de prescripción del delito cuando se trata de menores, así que la moción no prosperó.
En junio de 2020, ambas partes dijeron llegar a un “acuerdo amistoso” y cerraron así el caso. Ninguna de las dos partes reveló la cantidad económica de la compensación a las supuestas víctimas. En este tipo de acuerdos, es habitual incluir una cláusula de confidencialidad.
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