Exgerente de Petroecuador, investigado por enriquecimiento ilícito
Quito.- Las autoridades decidieron investigar por enriquecimiento ilícito al exgerente de la empresa estatal Petroecuador Alex Bravo, detenido en mayo e investigado inicialmente por tráfico de influencias, informó la Fiscalía General del Estado.
Un nuevo informe de la Contraloría General del Estado "determina indicios de enriquecimiento ilícito", ya que un total de 544.184,79 dólares fueron depositados en sus cuentas, sin que se hayan encontrado documentos sobre el origen del dinero, señaló la fuente.
Tras una audiencia de reformulación de cargos celebrada hoy, la jueza de la Unidad Judicial Penal de Pichincha ratificó la prisión preventiva que se le dictó a Bravo, sobre quien también se mantiene la prohibición de enajenar bienes y el bloqueo de sus cuentas bancarias.
Según indicó la Fiscalía en mayo, empresas en las que trabajaban familiares de Bravo resultaron beneficiadas con 142 contratos suscritos con la petrolera ecuatoriana.
Durante el paso de Bravo por la petrolera, "una empresa de servicios habría obtenido 85 contratos, uno de ellos por 35 millones de dólares" y agregó que en esa firma "trabajaban cinco familiares" del ahora detenido, entre hermanos y primos, señaló entonces el Ministerio Público.
Otra empresa "habría accedido a 57 contratos, uno de estos con la Refinería Estatal Esmeraldas. En esta empresa trabaja la hermana y el padrastro del imputado. Este último, además, sería director de empresas constituidas en Panamá a nombre" del exdirectivo de Petroecuador, señaló.
Además, un tercer grupo de empresas ha sido proveedor de Petroecuador entre 2014 y 2016, "por montos superiores a los 85 millones de dólares", indicó el organismo entonces, sin precisar la eventual relación de personas allegadas al investigado con el citado grupo.
Tras la reformulación de cargos, el plazo de la instrucción fiscal se incrementó 30 días más.
El enriquecimiento ilícito está tipificado en el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona este delito con una pena privativa de libertad que va desde los tres hasta los diez años.
Bravo ingresó el 1 de junio de 2006 a Petroecuador, donde ocupó diferentes cargos hasta ser gerente general de la compañía estatal, que dejó el 14 de abril del 2016, señaló la Fiscalía.
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