El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) declaró al expresidente de la República, Rafael Correa, y al exvicepresidente, Jorge Glas, como autores mediatos del delito de cohecho agravado, por instigación, dentro del 'Caso Sobornos 2012-2016', este 7 de abril de 2020. Ambos fueron condenados a ocho años de prisión.
Los jueces consideraron que Rafael Correa tenía conocimiento de los fondos indebidos para posicionar su movimiento político Alianza PAIS.
Al iniciar la audiencia de juzgamiento para conocer la sentencia del caso, el panel de jueces, integrado Iván León, Iván Saquicela y Marco Rodríguez, declaró su competencia y la validez procesal, y señaló que, con base en un análisis doctrinario, en este caso sí existió la materialidad de la infracción como cohecho pasivo propio agravado, con la finalidad de cometer otros delitos.
El Tribunal señaló que la víctima del delito es el Estado y que el Tribunal considera, tras su análisis, que la parte objetiva del delito está completa y probada, es decir que la Fiscalía General del Estado demostró la existencia de una estructura de corrupción.
"Se ha probado que los pagos eran reportados al nivel jerárquico superior, liderados por Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas", y que no era posible que ambos desconocían estos recursos obtenidos de empresarios, más aún cuando hubo "millonarios contratos".
La sentencia agrega que, los dineros eran recaudados en una oficina paralela de la Presidencia, y que la funcionaria de extrema confianza, Pamela Martínez (exasesora presidencial) recibía y administraba el dinero.
Sobre la participación del exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, el Tribunal señaló que su rol “tuvo un amplio poder de decisión y se benefició directamente de $365.000 por 'servicios jurídicos verdes'", y que, además, cumplía una doble función en la estructura, por lo que fue sentenciado en calidad de coautor directo.
Exfuncionarios como Alexis Mera, María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado y 12 personas más fueron condenados a ocho años de cárcel por cohecho.
María de los Angeles Duarte, según el tribunal, fue identificada “más allá de toda duda como coautora”. “A nivel político fue delegada provincial, lo que implica que mientras era ministra recibió pagos ilícitos. La defensa insistió en decir que no sabe de qué se le acusa, solo para eludir su responsabilidad”.
Sobre Walter Solís, quien fuera Secretario del Agua, el tribunal destacó que “Como secretario adjudicó a empresas envueltas en la trama de corrupción… en este contexto, resulta suficiente para demostrar como ejecutor de contratos su participación”. El testimonio del empresario Pedro Verduga fue fundamental: él manifestó que Solís habría pedido un millón de dólares luego de la adjudicación de un contrato.
Del ex dirigente del correísmo en Guayas, y luego exasambleísta Christian Viteri, una pericia estableció que recibió cien mil dólares. Al igual que la asambleísta Viviana Bonilla: según la sentencia recibió una cantidad similar, esto se basa en el testimonio de Gustavo Bucaram, excolaborador de confianza. El tribunal se declaró sorprendido con la declaración de Bonilla, según la cual, se subió a la tarima sin tener conocimiento ni interés en el origen de los fondos.
Además, los jueces ordenaron que a Pamela Martínez y Laura Terán se les reduzca la condena por la cooperación que dieron en el caso. Martínez recibió una sentencia de 38 meses y Terán una de 19 meses.
El juez Saquisela anunció que el pago de la reparación integral y la indemnización será evaluado, además, se dispuso el comiso de bienes de todos los sentenciados.
Fiscalía aseguró que, con las pruebas presentadas, se demostró que la estructura delictiva recaudó 7’575.196,09 dólares. De estos, 6´570.696,09 dólares por cruce de facturas y 1’004.500 dólares en efectivo.
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