La presidenta de Georgia, Salome Zurabishvili, anunció el sábado 18 de mayo que vetó la controvertida ley de "influencia extranjera" que provocó protestas masivas en ese país del Cáucaso.
"Hoy, veto [...] la ley, que es esencialmente rusa, y que contradice nuestra Constitución", declaró por televisión Zurabishvili, una dirigente proeuropea enfrentada al partido gobernante, aludiendo al texto aprobado esta semana por el Parlamento y que sus críticos compararon con la legislación rusa destinada a acallar las voces disidentes.
Se trata, sin embargo, de un veto muy simbólico porque el partido gobernante Sueño georgiano, que ideó la ley, asegura tener suficientes votos en el Parlamento para revertirlo.
Aprobado por el Parlamento el martes, el texto es denunciado por sus detractores como destinado a alejar a Georgia de Europa y acercarla a Rusia.
Provocó manifestaciones masivas que duraron más de un mes en Georgia, en las que participaron miles de personas, jóvenes en su mayoría.
La OTAN, la Comisión Europea y la ONU condenaron esta iniciativa del gobierno de Georgia.
La ley exige que toda ONG o medio de comunicación que reciba más del 20% de su financiación desde el extranjero se registre como "organización que sirve a los intereses de una potencia extranjera" y se someta a control administrativo.
Sus detractores lo llamaron "ley rusa" por su parecido con una normativa utilizada en Rusia para reprimir a la oposición.
Zurabishvili propuso enmiendas al proyecto de ley, pero advirtió contra cualquier negociación "artificial".
Por su parte, el primer ministro Irakli Kobakhidzé se declaró dispuesto a tratar eventuales modificaciones.
Georgia, una exrepública soviética, es oficialmente candidata a la adhesión a la Unión Europea desde diciembre de 2023 y también aspira a unirse a la OTAN.
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