Nueve policías involucrados en minería ilegal fueron liberados y reasignados a otros comandos
Los nueve policías serían parte de una red de tráfico de combustible para la minera TearraEarth, en Napo.
Los nueve policías, que serían parte de una red de tráfico de combustible para la minera TearraEarth, en Napo, fueron liberados y trasladados para seguir ejerciendo funciones en otras provincias, durante 120 días. A la cabeza de la organización es investigado el teniente coronel Davis Manuel Silva, quien desde este lunes ocupará el cargo de subcomandante de Morona Santiago.
El teniente coronel Davis Manuel Silva y ocho policías más, que fueron detenidos el miércoles 16 de mayo, investigados por ser parte de una supuesta red de tráfico de combustibles para minería ilegal en Napo, fueron liberados.
Los uniformados estuvieron detenidos cinco horas, tras varios operativos y hallanamientos en tres provincias, para recabar más pruebas sobre la red que es investigada desde enero pasado por operar a favor de la empresa minera china TerraEarth, que en varias ocasiones ha sido denunciada por operar con mineros ilegales en las concesiones que posee. Y de provocar daños severeos al ambiente, que no han sido remediados.
#OroSucioAmazonía Ecuador presenta graves inconsistencias entre su producción de oro oficial y sus exportaciones, mientras se expande la minería ilegal. Tres empresas están en la mira. Un trabajo junto a @OjoPublicoLATAM ▶️ https://t.co/udsObo1gv1 pic.twitter.com/7SSy1rztzP
— Revista Vistazo (@revistavistazo) April 14, 2024
Luego de ser liberados los uniformados fueron reasignados desde Napo, donde trabajaban, para seguir con sus funciones a otros comandos en varias provincias. Desde este lunes 20 de mayo Silva ocupará el cargo de sucomandante policial en Morona Santiago, otra zona diezmada por la explotación ilegal de oro.
Los subalternos de Silva también fueron reasignados temporalmente, durante 120 días, a Esmeraldas, Santo Domingo, Guayas, Qunindé, Pichincha, Babahoyo y Quevedo.
Este operativo se ejecutó como parte de una indagación previa que ejecuta la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción de la Fiscalía, por un supuesto delito de cohecho, por delitos en contra la actividad hidrocarburífera, derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo y biocombustibles.
Como parte de la red también fueron identificados tres ciudadanos chinos, ejecutivos de TerraEarth en Napo, que no pudieron ser detenidos para investigaciones el miércoles pasado, ya que unos 200 comuneros que también realizan actividades de minería ilegal, los protegieron. Incluso uno de los chinos se refugió en una habitación de la empresa que tenía blindaje de seguridad desde donde disparó a los agentes, que debieron retirarse del lugar.
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De acuerdo con la información oficial, la estructura está compuesta por diez policías, siete civiles y tres chinos, articulados para almacenar combustible que luego era vendido, en Joya de los Sachas, Napo, a TerraEarth. A cambio de coimas de la minera china los agentes agilitaban trámites para movilizar hidrocarburos para la minería ilegal. En los hallanamientos los policías retuvieron 12 dispositivos móviles, USD 4.000 en efectivo, documentos, un CPU y un arma con munciones.
Las operaciones de esta organización criminal incluían no solo transportar y vender el combustible, sino agilitar los trámites para movilizarlo y usarlo en minería ilegal, a cambio de dinero que les pagaban funcionarios de TerraEarth, según la investigación. El operativo se extendió a las provincias de Pichincha y Orellana.Pese a los cuestionamientos por los perjuicios ambientales que causó en Yutzupino,TerraEarth consiguió la licencia ambiental para su proyecto minero Tena, de más de 7.000 hectáreas.
Esa compañía tiene derecho sobre las concesiones Talag, Anzu Norte, El Icho y Confluencia, a orillas del río Napo, muy cerca de Tena, capital de la provincia. Una de las principales acusaciones en contra de la empresa es que ha permitido que grupos que se dedican a la minería ilegal continuaran extrayendo materiales de concesiones a su cargo, en las que las operaciones estaban suspendidas por orden de las autoridades.
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