La operación efectuada en los pabellones de máxima y mediana seguridad de esta prisión, llamada oficialmente Centro de Privación de Libertad Cotopaxi Número 1, forma parte de un conjunto de acciones que las autoridades han emprendido en los centros penitenciarios del país con el objetivo de mantener la seguridad ciudadana y el orden público.
Según un informe de la Policía, se han decomisado 49 armas cortopunzantes, dos chalecos antibalas, una munición, 85 dólares, trece galones (49,2 litros) de alcohol artesanal, 39 terminales móviles, cinco chips de telefonía y cuatro tarjetas micro SD adicionales.
También nueve equipos electrónicos (tabletas, computadoras portátiles y una videoconsola de juegos), un televisor, dos cámaras de circuito cerrado, un router de internet, dos parlantes y cuatro relojes de muñeca, todos prohibidos en los centros de reclusión.
La intervención militar y policial en la cárcel de Latacunga provocó protestas de reos en las prisiones de las ciudades de Cuenca y Azogues, las capitales provinciales de Azuay y Cañar.
En la cárcel de Cuenca los presos retuvieron a un grupo de guardias carcelarios, según confirmó el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI) a Personas Privadas de Libertad, el departamento estatal encargado de la custodia y administración de las cárceles de Ecuador, que no detalló el número de funcionarios retenidos.
Esta es "la sexta intervención que hacemos para sacar armas, municiones y explosivos de los centros penitenciarios y evitar hechos violentos", explicó en un mensaje publicado en redes sociales el presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso.
Las anteriores intervenciones se habían centrado en un complejo carcelario en el sur de Guayaquil, compuesto por cinco prisiones que albergan a unos 12.300 reos.
En las anteriores requisas en esas prisiones de Guayaquil las autoridades habían decomisado fusiles, carabinas, un lanzagranadas, gran cantidad de municiones, explosivos, granadas de mano, droga, teléfonos móviles y equipos de comunicación, entre otros objetos.
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Con esos operativos el Gobierno busca desarmar a las bandas criminales que operan dentro de los centros carcelarios y por cuyo control han desatado sucesivas matanzas desde hace algo más de dos años, con un saldo de más de 450 presos asesinados.
La violencia en las cárceles también ha saltado a las ciudades, lo que ha generado que Ecuador pase en cinco años de 5,8 a 25,32 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022, la cifra más alta desde que se tienen registros.