El ECU911 aún depende de una plataforma china que urge modernizar
Algunos equipos están obsoletos, el código no permite adaptar tecnología moderna y en cualquier momento algún componente podría fallar o colapsar el sistema entero.
“Hay algunos despistados que nos quieren hacer creer, solo por oponerse al gobierno, que nos sobra plata y que nos podemos dar el lujo de no utilizar nuestros recursos naturales. Vaya disparate, compatriotas, la historia sabrá juzgarlos. El ECU911 brindará cobertura integral de seguridad. (...) Si salvamos una sola vida, ya será ganancia. Estas son obras del nuevo país, del nuevo Estado, del nuevo sector público”. Era el discurso del entonces presidente Rafael Correa en septiembre de 2014, cuando inauguraba el centro ECU911 en Portoviejo, Manabí. Uno de los 16 que se construyeron a nivel nacional y con una plataforma tecnología de la empresa China National Electronics Export & Import Corporation (CEIEC).
Aunque Correa argumentaba que la inversión de este proyecto provenía de las ganancias generadas por la explotación de recursos naturales, lo cierto es que la mayoría de esos fondos llegó de créditos de bancos chinos. Las negociaciones entre los dos gobiernos iniciaron en 2011, después de algunas visitas de funcionarios ecuatorianos a China.
Según un informe de Contraloría que auditó los contratos, se aplicó el mismo modelo de negociación y contratación de la central hidroeléctrica Coca-Coco Sinclair, en 2009: los famosos “créditos atados”. Es decir, China prestaba el dinero y Ecuador estaba obligada a contratar una empresa pública del país asiático para la obra.
Así, CEIEC obtuvo al menos tres contratos para el ECU911, entre la implementación de la plataforma tecnológica, por $171 millones, y la construcción de seis centros en diferentes provincias por $38 millones. La empresa tenía la obligación de dar soporte y mantenimiento durante algunos años, luego de lo cual todo el sistema debía entrar en procesos de actualización, repotenciación o modernización.
Pero eso no ocurrió. Con la llegada de Lenín Moreno al poder y la fractura con su antecesor Correa, se empezaron a cuestionar las obras y créditos provenientes de China. El nuevo gobierno comenzó a buscar otros socios y otras alternativas para el ECU911, pero al mismo tiempo quería reducir el gasto público.
La actualización no fue más que una quimera si se analiza la variación de los presupuestos anuales de la institución. Para el 2014, el ECU911 tuvo un presupuesto codificado de $216 millones, aunque se devengó 197. Para los siguientes años, ese monto fue bajando hasta que, en 2022, se proyectó un presupuesto de $40 millones y solo se devengó $10 millones.
La reducción del gasto aplicado a todo el sector público impidió la modernización de la plataforma. Y así han pasado más de cinco años. El ECU911 ha tenido que recurrir a contrataciones parche para ir actualizando el software y equipos como cámaras, a medida que cumplen su vida útil o se dañan.
Un sistema de código cerrado
El ECU911 es una infraestructura con varios subsistemas, al que se conectan instituciones como la Policía, Bomberos, Agencia Nacional de Tránsito, Ministerio de Salud, municipios, entidades que trabajan en la gestión de riesgos, etc. Es algo muy complejo, pero tiene dos macro componentes: la atención de emergencias, que es cuando una persona sufre un accidente o es víctima de violencia y requiere ayuda urgente; y la videovigilancia, para monitorear, por ejemplo, espacios públicos, sitios de riesgos naturales, para alertar y prevenir cualquier peligro. Con el paso de los años se han ido comprando más cámaras y otros equipos, pero así mismo muchas otras quedaron obsoletas. Algunos de los subsistemas ya han fallado.
Según datos de 2022, había cerca de 6.500 cámaras, pero unas 1.100 estaban inhabilitadas, fuera de servicio. Es decir, en videovigilancia el ECU911 solo operaba al 83% de su capacidad. Eso significa menos zonas vigiladas. En julio de ese año inició un proceso de contratación y se necesitaban 2.200 cámaras; sin embargo, solo se compraron 540, pues no había más presupuesto. Es decir que el sistema requiere adquirir 1.660 cámaras para operar al 100%.
Pero no es solo eso. A finales de 2023 inició un proceso de contratación para repotenciar el sistema de almacenamiento. En Esmeraldas, por ejemplo, colapsó el sistema y tuvieron que almacenar el contenido en los centros de Portoviejo e Ibarra. “Generando un impacto negativo para la seguridad de ese cantón”, explica el proceso contractual. Es un parche sobre otro.
En 2022, el entonces director del ECU911, Juan Zapata, explicó en una comparecencia en la Asamblea Nacional que el principal problema del ECU911 es que se asienta sobre una plataforma de protocolo cerrado. Eso significa que es muy difícil o imposible que los equipos actuales se puedan conectar con este sistema. Por ello, Zapata informó que se trabajaba ya en un proyecto de modernización total para reemplazarlo por uno de protocolo abierto, que permita que las actualizaciones y conexión de nuevos equipos y tecnología sea más fácil.
En esa misma comparecencia, el entonces director de Tecnología del ECU911, Juan Pablo Torres, dijo que la modernización contaría con cámaras que permitan el reconocimiento facial, lectura de placas de vehículos y la analítica de video. Explicó, además, que gran parte del código, protocolos y manuales de la plataforma de CEIEC estaban escritos en chino y que algunos de los técnicos ECU911, capacitados por esa empresa, renunciaron. Los funcionarios explicaron que no solo era difícil trabajar con CEIEC por los problemas que representaba el protocolo cerrado, sino porque en 2020 el gobierno americano sancionó a esta empresa asiática. El argumento del Departamento del Tesoro de EE.UU. fue que CEIEC había colaborado para “restringir el servicio de internet y realizar vigilancia digital y operaciones cibernéticas contra oponentes políticos” en Venezuela.
De hecho, CEIEC aterrizó primero en Ecuador y el modelo de ECU911 luego se exportó a Venezuela, donde se llama VE911. Allá también tiene otros contratos como el de vigilancia penitenciaria, al igual que lo tuvo en Ecuador con el contrato de grilletes electrónicos que fue cuestionado por Contraloría.
Según un informe de Transparencia Venezuela, hay indicios de que el trabajo de CEIEC y otras tres empresas chinas (Huawei, ZTE Corporation y China CAMC) han jugado un papel de injerencia extranjera en la seguridad nacional e infraestructura tecnológica, con ausencia de fiscalización, controles e información pública.
Sin embargo, un artículo académico de Carla Álvarez, docente del Instituto de Altos Estudios Ecuatorianos (IAEN), descarta que el ECU911 en Ecuador haya implantado un sistema de vigilancia autoritario y persecución. Apunta que el sistema se adecuó a las necesidades del país y permitió la incorporación de un sistema de seguridad integral. Además, sirvió de ejemplo para otros países de la región que copiaron el modelo. Para Álvarez, el fondo es que la implementación y decaimiento de ECU911 han estado influenciados por las alineaciones de política exterior de los gobiernos de turno. No obstante, en 2019 una investigación del New York Times reveló que durante el gobierno de Rafael Correa la videovigilancia se usaba para espiar opositores y periodistas, ya que en la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) operaba un sistema espejo que proyectaba la información de las chamarras del ECU911.
En 2022, el entonces asambleísta Juan Cristóbal Lloret cuestionaba que antes de la sanción a CEIEC, en 2019, ya se habían presentado dos ofertas de repotenciación, pero que no se hicieron por los recortes al gasto público. Una de las ofertas provenía de la misma CEIEC por $134 millones y otra de la empresa Sitecsys por $150 millones, según la propia información del ECU911. Lloret lamenta que han pasado ya cinco años desde que se debía hacer una repotenciación. No obstante, el argumento de las siguientes administraciones fue una modernización para reemplazar la plataforma por completo, lo cual requiere de más recursos.
Situación cada vez más crítica
Pero más allá de las afinidades políticas, la situación del ECU911 es cada vez más crítica. Hay equipos que ya van a cumplir 10 años y su tecnología es obsoleta. No se sabe si hay un plan de modernización o si continúan las contrataciones parche, o cuántas cámaras están funcionando. Esta alianza periodística intentó, en reiteradas ocasiones, durante las últimas tres semanas, tener una entrevista con el actual director de la entidad, Bolívar Tello, pero su equipo de comunicación dijo que su agenda estaba copada.
Un exfuncionario de alta jerarquía en el ECU911, que prefiere el anonimato, confirmó a que desde hace años hay un plan de modernización con dos opciones: la primera es contratar a una empresa que cambie todo el sistema, pero el costo es elevado, unos $500 millones; y la segunda, contratar a una empresa que brinde el servicio y se le debería pagar anualmente unos $70-100 millones. Cualquiera de las dos opciones seguramente requerirá de un préstamo de los multilaterales. Esta fuente dijo también que ya se barajaron ofertas de diferentes países, pero al parecer no hay nada en concreto.
Videovigilancia política, el caso Villavicencio
Aunque el ECU911 ha sido una de las instituciones menos cuestionadas, siempre ha estado presente el peligro de la videovigilancia dirigida. Y, lamentablemente, el asesinato de excandidato presidencial Fernando Villavicencio, demostró que sí se ha usado y abusado de la plataforma para esos fines. Así lo reconoció el director de ECU911, Bolívar Tello, ante la comisión de la Asamblea que investiga el caso Villavicencio.
A finales de enero, Tello expuso que la herramienta Mobile Locator permite rastrear un número telefónico para determinar su ubicación. Esto sirve, por ejemplo, en casos de emergencia de personas desaparecidas o que se pierden en una montaña. Pero también es usada por la Policía, previa orden judicial, para rastrear a alguna persona investigada o requerida por la Justicia.
Tello dijo que hay protocolos para el uso de Mobile Locator: que todo funcionario que entra al sistema tiene sus credenciales y todo queda grabado en una ficha, que no se puede borrar en caso de que se requiera investigar algún caso o detectar mal uso de la herramienta. Por el caso Villavicencio, confirmó que Fiscalía ha hecho nueve peticiones relacionadas a funcionarios que hicieron rastreos de números celulares, aunque Tello no puede asegurar que todos estos casos sean parte de la investigación sobre Villavicencio o sobre el proceso Metástasis.
Si bien se negó que, desde el ECU911, a través de la herramienta Mobile Locator, se pueda hacer escuchas, sí se puede determinar la ubicación de una persona e incluso hacer seguimiento mediante las cámaras. Ante la revelación de Tello, el asambleísta Adrián Castro, vicepresidente de la Comisión, pidió declarar la reserva de la sesión. “Nos pueden estar haciendo seguimientos ahora mismo, a políticos, a cualquier persona, a nuestros allegados. Esto es extremadamente grave. Todos estamos expuestos”, dijo el legislador azuayo, quien se comprometió a requerir más información al respecto de cómo se maneja esa aplicación y cómo se detectan casos de uso indebido.
Pero esto no es nuevo, un informe institucional de 2022 da cuenta que Mobile Locator ya recibió una actualización “con el fin de mitigar el mal uso del servicio, por lo que en atención a la solicitud realizada por Operaciones se modificó los roles, perfiles de usuarios de la Policía y se eliminó la opción para Inteligencia”. El informe no entra en más detalles al respecto. El informe de la Comisión del Caso Villavicencio se presentará en marzo y es posible que aparezcan más datos sobre el papel del ECU911 en seguimientos selectivos.
De momento, no se sabe si el plan de modernización contempla nueva tecnología con mayores controles para evitar estos seguimientos selectivos o si solo depende de depurar el personal y tener mejores protocolos. Pero esa es la situación del ECU911 en este momento.
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