Rafael Correa podría ser investigado en la Asamblea por pedidos de sanción contra Ecuador
Rafael Correa podría ser investigado en la Asamblea Nacional.
El expresidente Rafael Correa podría ser investigado en la Asamblea Nacional debido a las declaraciones que hizo tras la irrupción de la Policía Nacional en la Embajada de México en Quito.
Así lo anunció Valentina Centeno, legisladora de Acción Democrática Nacional (ADN), quien comunicó que la bancada de Gobierno solicitará la conformación de una comisión para determinar las consecuencias de las expresiones del exmandatario.
“¿Por qué razón? Por las repercusiones económicas, políticas y sociales. Sería importante investigar un posible bloqueo al Puerto de Guayaquil, que podría implicar graves consecuencias a la economía de nuestro país”, apuntó la asambleísta en una rueda de prensa.
El pasado 5 de abril, la Policía de Ecuador entró a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas, quien tiene cuentas pendientes con la justicia y actualmente cumple arresto en la cárcel de máxima seguridad La Roca.
Acto seguido, Rafael Correa apareció en varias entrevistas en medios nacionales e internacionales, así como en el Parlamento Europeo en Bruselas, para solicitar sanciones contra Ecuador.
Ante las declaraciones de Valentina Centeno, el expresidente escribió en la red social X que “el único culpable de lo que ha pasado y pueda pasar es Daniel Noboa, que violó una embajada extranjera y secuestró a un asilado político, al cual tiene enterrado en vida mientras los capos se les escapan en sus narices”.
Además, reafirmó que seguirá denunciando con todas sus fuerzas “estos crímenes”.
El pasado mes de abril también se conoció que la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, presentó una denuncia contra Correa por traición a la patria. La causa fue interpuesta a título personal y no en calidad de funcionaria.
Núñez aseguró que las aseveraciones del exmandatario crean “una situación de pánico entre la población ecuatoriana”, por lo que deben ser consideradas como “delitos en contra del orden público”.
Por el momento, la Fiscalía General del Estado ha abierto una investigación previa y las partes implicadas, Correa y Núñez, ya habrían sido convocadas para rendir versión.
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