¿Quién amenazó a los asambleístas para votar por la destitución de Lasso?
Durante la segunda jornada de debate de la solicitud de destitución del presidente, varios asambleístas denunciaron ser víctimas de presión y amenazas,
Durante la segunda jornada de debate de la solicitud de destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, llevada a cabo este domingo 26 de junio de 2022, varios asambleístas denunciaron ser víctimas de presión y amenazas para votar a favor del pedido en contra del primer mandatario.
En su intervención el asambleísta de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN) Gruber Zambrano denunció que la legisladora Viviana Veloz (UNES) pidió que se lo declare a él "persona no grata en Santo Domingo" y que incluso no se le permita "pisar el suelo" de la localidad.
Señaló que el motivo de aquello es "por no estar a favor de derrocar a un Gobierno", al agregar que no apoya la violencia y que es una persona de paz y diálogo.
"No debemos estar con el caos, con el golpismo, sino con la democracia, del Estado, de la paz", sostuvo.
Asimismo, el legislador Patricio Cervantes (CREO) criticó que existe presión hacia varios asambleístas. Manifestó que se pretende destruir el orden constitucional, porque no existen causales para la destitución del Presidente.
"Es importante dar a conocer al pleno de la Asamblea Nacional que hace unos minutos, un grupo de personas del pueblo Caranqui, ha pernoctado en mi domicilio en la ciudad de Ibarra, con pancartas, con gritos, con la finalidad de presionar por la decisión que se va a tomar", relató Cervantes.
Agregó que lo mismo le ha ocurrido a otros compañeros, entre ellos a su coidearia Blanca Sacancela, al señalar que personas intentaron ingresar a su domicilio.
"Es necesario que el pueblo ecuatoriano conozca cómo están presionando para torcer la voluntad de los asambleístas", enfatizó.
En su alocución, Cervantes sostuvo que "el pueblo ecuatoriano no va a permitir que se consume un derrocamiento al presidente (...) por un grupo de asambleístas que les hacen el juego a ciertas mafias vinculadas al narcotráfico, terrorismo y la narcoguerrilla que quieren apoderarse de Estado ecuatoriano y destruir el orden constitucional".
Por su parte, Ramiro Frías (Izquierda Democrática) expresó que en este momento está defendiendo la institucionalidad y democracia del país, pero aquello no significa un respaldo al Gobierno.
No obstante, reveló que ha recibido llamadas y mensajes para exigirle que vote por el artículo 130, literal dos de la Constitución. "No lo voy a hacer, porque soy participe de que aquí hay que defender la democracia", aseveró.
El legislador de la bancada de Pachakutik (PK), Rafael Lucero, también ha denunciado las amenazas que ha recibido para obligarlo a votar a favor del pedido.
Lucero manifestó que su hija y nietos fueron amedrentados, este sábado 25 de junio, por personas que lo buscaban a él para presionarlo, al acusar a "gente liderada por José Quishpe", dirigente de una organización en Guamote, provincia de Chimborazo.
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DEBATE CONTINÚA
Luego de la intervención de 71 legisladores de todas las bancadas legislativas el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, suspendió la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, que continuará el martes próximo, a las 11h00.
Hasta el momento se cumplen cerca de 16 horas de debate, donde los parlamentarios han expuesto sus puntos de vista sobre el pedido de la bancada correísta de UNES de iniciar el proceso de destitución del presidente de la República.
La Legislatura inició el debate de este tema, al amparo de lo que disponen los artículos 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL) y 130, numeral 2 de la Constitución.
En la continuación de la sesión 782, efectuada este domingo 26 de junio, a partir de las 16h00, se conectaron los 137 asambleístas. Varios fueron los criterios expuestos por los legisladores, entre ellos que el mandatarios debe responder las demandas del movimiento indígena y de quienes piden que se gobierne con justicia y la necesidad de precautelar el derecho a la seguridad jurídica respetando la Constitución y la estabilidad democrática.
Reconocieron el derecho a la protesta social pacífica, pero sin violencia. Dijeron que se debe buscar el bien del país, que con este proceso no se debate la destitución del Presidente de la República, sino el destino de un país. También plantearon la necesidad de defender la democracia y la institucionalidad del país, buscar la paz y no la venganza, para no desestabilizar al país.
Advirtieron que la falta de empleo, falta de infraestructura adecuada en la educación, la inseguridad ciudadana, el alto costo de la vida son factores que motivaron las marchas en el país, donde se evidenció, odio, agresión, enfrentamientos entre hermanos, saqueos, muertes, heridos, infiltrados en la marcha indígena.
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