Procuraduría continuará con acciones de ejecución de sentencias contra Jorge Glas
La institución argumentó que el fallo de hábeas corpus deberá ser revocada por la Corte Provincial de Santa Elena.
Sin perjuicio del resultado de la apelación interpuesta por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) ante "la ilegal sentencia" emitida por el juez de Manglaralto, la Procuraduría General del Estado (PGE) informó que continuará con las acciones en contra del ex vicepresidente de la República Jorge Glas.
La institución, que argumentó que el fallo de hábeas corpus deberá ser revocada por la Corte Provincial de Santa Elena, dijo que continuará con las acciones de ejecución de las sentencias dictadas en contra de Glas.
Recordó que el condenado tiene una sentencia ejecutoriada de seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht y otra de ocho años de cárcel por delito de cohecho en el Caso Sobornos 2012-2016.
Y que al momento está pendiente la audiencia de apelación en el caso Singue por delito de peculado. La condena es por ocho años.
"La Procuraduría General del Estado no cejará en sus acciones a fin de recuperar el dinero en los casos de corrupción", aseguró la institución a cargo de su máxima autoridad, Íñigo Salvador.
Para impulsar estos procesos, en agosto de 2020 la PGE conformó la Unidad de Recuperación de Activos cuyo objetivo es ejercer el patrocinio del Estado en los procesos de ejecución de las sentencias dictadas en los casos penales por corrupción que involucran a exservidores públicos.
A través de la Unidad se realizan todas las gestiones para recuperar los recursos obtenidos de manera ilícita y sean devueltos al Estado.
El pasado sábado, un juez de Manglaralto, provincia de Santa Elena, le concedió a Glas el hábeas corpus, disponiendo su "inmediata libertad". Le prohibió asimismo salir del país y le ordenó presentarse una vez por mes ante la justicia.
Su abogado, Edison Loaiza, dijo a la prensa que Glas recibió el recurso constitucional ante "la grave situación de salud" que atraviesa y porque su vida corre peligro en la penitenciaría de Latacunga.
.png)
