Por convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, el Pleno sesionará este viernes, 18 de noviembre, a las 14h30, con el propósito de proceder al juicio político en contra de Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo Macías, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Los funcionarios han sido acusados de supuesto incumplimiento de funciones tras reformar el Reglamento para la designación del Contralor y por la presunta falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.
Dichas causales constan en la solicitud de enjuiciamiento político presentada por los asambleístas de Pachakutik, Ángel Maita y Mireya Pazmiño, quienes sustentaron sus afirmaciones ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro de la fase de actuación de pruebas.
Esta convocatoria responde a la decisión adoptada por el pleno, este martes 15 de noviembre, con 84 votos afirmativos, por la cual resuelve enjuiciar políticamente a los cuatro consejeros del CPCCS, "al haberse encontrado méritos suficientes conforme a la solicitud y pruebas presentadas" ante la mesa legislativa.
Procedimiento
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la fecha y hora señaladas los asambleístas interpelantes llevarán adelante el juicio político por el lapso de dos horas.
A continuación, cada funcionario enjuiciado políticamente, en el lapso máximo de tres horas, presentará sus alegatos de defensa sobre las acusaciones imputadas en su contra.
Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora.
Finalizada la intervención del funcionario, se retirará del pleno y el Presidente de la Asamblea Nacional declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de diez minutos, sin derecho a réplica. De no presentarse al término del debate, una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud.
Mientras que, en caso de llegarse a ejecutar la censura y destitución de los cuatro consejeros, sus puestos serán reemplazados por ciudadanos elegidos a través de votación popular en el 2021.
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El titular del CPCCS, Hernán Ulloa, ha cuestionado la actuación del Legislativo al señalar, que: “el Pleno no puede ser el competente para resolver un problema ocasionado en la Comisión".
Asimismo, ha advertido que "esta irregularidad" podría acarrear consecuencias en contra de las personas que den una votación afirmativa.
"El juicio político es nulo ya que la Comisión de Fiscalización no presentó ningún informe sobre el proceso, por lo tanto no hay acusación en firme", ha enfatizado Ulloa.