La misión imposible de incautar los bienes de los sentenciados en el caso Sobornos
Hasta el momento van 10 juicios con sentencias en firme donde se han dictado medidas de reparación económica que suman 107 millones de dólares. El monto mayor corresponde al juicio de cohecho seguido a exfuncionarios de Petroecuador.
Dos años después, solo tres de los 20 sentenciados en el caso Sobornos han reparado económicamente al Estado. Al resto se le busca bienes para embargarle. La mayoría tiene poco o nada... Carros viejos, terrenos baldíos y mitades o tercios de casas y departamentos están en la mira.
Dos parqueaderos en un céntrico edificio de Guayaquil van a ser incautados al exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera Giler, uno de los sentenciados del caso Sobornos. Pero hay al menos dos problemas: el primero es que el edificio se ha depreciado porque algunos de los principales inquilinos migraron a Samborondón o a Puerto Santa Ana con sus oficinas. El segundo es que ni siquiera el parqueadero es totalmente propiedad del sentenciado, sino que está a nombre de un estudio jurídico que allí funcionó hasta 2018 y del cual Mera era uno de los socios. Según el sitio web, ahora también inactivo, la lista de miembros de ese bufete era de 17. Dividiendo dos parqueaderos para 17 con suerte los ecuatorianos recuperaremos una parte equivalente al espacio que ocuparían dos baldosas.
Este es solo un ejemplo de lo complejo que será para la novel Unidad de Recuperación de Activos de la Procuraduría General del Estado cumplir con la labor para la que fue creada. Igualmente es un ejemplo de lo frustrante que será, al final del día, saber que el grueso de los dineros de la corrupción nunca volverá a las arcas estatales.
LA EXPECTATIVA
En el caso “Sobornos 2012- 2016”, el monto por reparación que deben pagar los sentenciados es de 14,7 millones de dólares. A cada uno de los autores directos y coautores les toca devolver 778 mil dólares, mientras que para una de las procesadas que fue catalogada como cómplice, Laura Terán, la sanción fue de 368 mil dólares.
La Procuraduría General del Estado, dirigida por Íñigo Salvador, creó una dependencia especial dedicada a perseguir activos de los setenciados por corrupción.
“En el país, la lucha contra la corrupción es una tarea esencial. Por eso se creó la Unidad de Recuperación de Activos... La Procuraduría, en el ejercicio de la representación judicial del Estado, no cesará en su tarea para que los sentenciados por casos de corrupción cumplan con lo dispuesto por los jueces y restituyan el daño ocasionado al país, garantizando de este modo el interés público y patrimonio estatal”, dijo Salvador en una de sus rendiciones de cuentas.
Si bien el caso “Sobornos 2012-2016” es el más famoso, hasta el momento van 10 juicios con sentencias en firme donde se han dictado medidas de reparación económica que suman 107 millones de dólares. El monto mayor corresponde al juicio de cohecho seguido a exfuncionarios de Petroecuador. Son 50 millones de dólares que deberían resarcir Carlos Pareja Yannuzzelli y otros.
El proceso de recuperación empieza cuando se da inicio a la ejecución de las sentencias y a pedido del juez o jueces encargados. Dentro de la Procuraduría se ejecuta un trabajo de investigación para detectar cualquier bien, dentro o fuera el país, que sea susceptible de embargo. El primer objetivo es el dinero en efectivo existente en las cuentas bancarias a nombre de los sentenciados. Aquí recibieron el primer portazo: Todas estaban en cero.
Luego se pidió a los registradores de la Propiedad que informen la existencia de bienes muebles o inmuebles en sus jurisdicciones. Los reportes de Quito, Guayaquil y Atacames, este último en Esmeraldas, fueron potencialmente aprovechables.
Una vez hecho el listado, la Procuraduría pidió a los jueces que ordenen la ejecución del embargo. En esta fase, lo descubierto pasa a control de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar). En la mayoría de los casos, Inmobiliar se ha convertido en copropietaria de casas, terrenos y departamentos debido a que son propiedades compartidas en sociedades conyugales o procesos de herencia.
Posteriormente, vendrá el nombramiento de peritos que valorarán los activos. Esta fase está a cargo del Tribunal de ejecución de la condena, que por lo general y por tratarse de exaltos funcionarios públicos, es una sala de la Corte Nacional de Justicia. Determinado el precio, deberían salir a la venta o remate a ver si hay interesados. Pero, ¿quién va a comprar la mitad de un palco en el estadio Capwell? No lo sabemos. Si alguien se anima, tendrá que compartirlo con la familia del hoy prófugo Walter Solís, exministro de Transporte del gobierno de Rafael Correa.
BIENES DESAPARECIDOS
En algunos casos, los patrimonios que hoy la Procuraduría les está encontrando a los exfuncionarios públicos sentenciados por su participacion en actos de corrupción son menores a los que ellos mismos declararon bajo juramento a la Contraloría General del Estado cuando estuvieron en funciones. El expresidente Rafael Correa, por ejemplo, sentenciado a ocho años como autor mediato en el caso Sobornos, declaraba como suyos, una casa en la urbanización Monteserrín de Quito y un vehículo.
Pero poco después de dejar el poder, traspasó la vivienda a nombre de su hijo. Mucho antes había ya vendido el automóvil. Es por ello que lo único susceptible de embargo en el país es un departamento ubicado en el primer piso de un antiguo bloque habitacional en el centro de Guayaquil. Este bien es heredado y está a nombre de los tres hermanos Correa Delgado. Según el Registro catastral su valor es de 35 mil dólares. ¿Se podrá vender una tercera parte del departamento? La solución sería venderlo todo y que el Estado recupere su parte, pero nada obliga a los otros dos hermanos a deshacerse del bien que heredaron. En Bélgica, ha sido público que posee un departamento y una casa nueva, pero allá aún no llega la Procuraduría del Estado.
No muy diferente es el caso del exvicepresidente Jorge Glas. En abril de 2010 adquirió un departamento en la urbanización Ceibos Norte de Guayaquil, valorado en 85 mil dólares, pero lo puso a nombre de sus hijos. Este inmueble ya no apareció en las declaraciones de 2016 en adelante. Tampoco aparece el departamento de Portal al Sol, en la vía Guayaquil-Salinas, lugar donde vivió hace cuatro años, antes de ser detenido.
Los que sí están en la lista de embargos, son dos departamentos contiguos en un edificio de Lomas de Castella, sector Monteserrín, al norte de Quito y, un departamento en un exclusivo edificio al pie de la playa de Tonsupa, en Esmeraldas. Sin embargo, la vivienda de Monteserrín más una camioneta Chevrolet de 2014 tienen una prohibición de enajenar interpuesta por su esposa Cinthia Díaz, a nombre de sus hijos. Los jueces deberán determinar con quién se quedan esos dos inmuebles. Los tres departamentos suman 260 mil dólares.
Un bien importante es la casa del exhombre fuerte el correato y también prófugo, Vinicio Alvarado. Está ubicada en Guayaquil, en Puerto Azul, vía a la Costa. En 2017 esta vivienda estaba avaluada en 95 mil dólares. Pero en el catastro municipal 2022 aparece en 465 mil dólares, es decir casi cinco veces su valor anterior. Actualmente la propiedad ya es compartida entre la esposa de Alvarado e Inmobiliar. Es decir que pronto habría “media casa” en venta.
Igualmente, a Alvarado se le ha localizado un Toyota híbrido más la mitad de una casa en Portal del Sol II, en Cumbayá, al oriente de Quito y, un terreno en la parroquia rural El Quinche.
NO TIENEN CASI NADA
La también sentenciada, exministra María de los Ángeles Duarte, no tiene propiedades a su nombre. La Procuraduría habría encontrado solamente un Mazda 323, del año 1995. Pero sucede que revisando los registros de la Agencia Nacional de Tránsito, este vehículo no ha sido vuelto a matricular desde 1999, es decir que ya no existe. Duarte lleva casi dos años recluida en la embajada de Argentina en Quito. Su permanencia allí ha incomodado a ambos gobiernos.
Según el Registro de la Propiedad de Guayaquil, el exsecretario jurídico Alexis Mera, el único que permanece detenido, tiene dos parqueaderos compartidos con sus socios del estudio jurídico al que perteneció. Además, posee un terreno a pocos metros del mar en los alrededores de Punta Carnero, cantón Salinas, provincia de Santa Elena.
De su lado, la exgobernadora y exasambleísta Viviana Bonilla, tiene solo un parqueadero en el edificio The Point y lo que le tocaría por herencia de una villa en la vieja ciudadela Ferroviaria donde creció.
Finalmente, Walter Solís, exministro correísta, puede perder la mitad de sus tres palcos en el estadio de Emelec y, la mitad de una vivienda en la urbanización La Cumbre, sector de Los Ceibos, en Guayaquil. Esa casa, valorada por el Municipio en 100 mil dólares, está ya en poder compartido entre la esposa de Solís quien fue concejala de Guayaquil, e Inmobiliar.
De los 20 sentenciados, 10 fueron funcionarios públicos. Los restantes son empresarios privados, sentencidos como autores directos. Tres de ellos ya pagaron su parte en dólares. Ninguno cumple prisión.
No existe aún una valoración exacta de los bienes identificados, pero, en el mejor de los casos, la cifra recuperable no superaría los cuatro millones de dólares, menos de la tercera parte de la reparación. Eso lleva a pensar que “lagarto que traga, no vomita”.
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