El documento fue enviado al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y está firmado por la legisladora correísta Gissela Garzón.
“La crisis de seguridad que vive el país requiere funcionarios que den respuestas, que asuman su rol y lo cumplan, si esto no pasa, corresponde ejercer el rol de fiscalización y control político desde la Asamblea Nacional”, escribió Garzón en la red social X (antes Twitter).
Agregó que el juicio político contra la fiscal es “por incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la ley”.
Por su parte, Viviana Veloz, vicepresidenta de la Asamblea y parte de la Revolución Ciudadana, dijo que “nadie puede condicionar” su derecho a fiscalizar.
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La Fiscalía General del Estado emitió un comunicado en el que señaló que este proceso carece de los fundamentos requeridos para aplicar esa figura de fiscalización, y que se lo plantea como un acto que busca la impunidad en casos que ya han sido sentenciados.
“En el eventual desarrollo de un juicio político, la Fiscal General del Estado sabrá mostrar las pruebas suficientes en su defensa y continuará trabajando, como lo ha hecho desde el primer día en que asumió el cargo: contra la corrupción, el crimen organizado, los delitos contra la mujer y la impunidad”, dice la misiva.