Este martes 9 de mayo a las 10h45 inicia la sesión No. 868 del Pleno de la Asamblea Nacional, en la que se define si avanza o no el juicio político de censura en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso, por presunto peculado.
El titular del Legislativo, Virgilio Saquicela, convocó a los 137 legisladores con el fin de conocer los documentos remitidos por la Comisión de Fiscalización, de los que se desprende que no alcanzó los votos necesarios para aprobar informe alguno respecto del juicio político.
Según la convocatoria, al no haberse alcanzado los votos necesarios y carecer dicho informe borrador de valor y efectos jurídicos de conformidad con el inciso quinto del artículo 16 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales, el Pleno resolverá sobre el juicio político.
Esto en cumplimiento del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa que ordena que: "Si en las comisiones especializadas permanentes y ocasionales, no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional", particular que requerirá para su aprobación.
Para avanzar con el juicio de censura se necesitan mayoría simple, es decir con la votación de la mitad más uno de los asambleístas presentes en la sala. Mientras que, se requieren 92 para una posible destitución del primer mandatario.
La oposición sostiene que Lasso tuvo conocimiento de un contrato lesivo para el Estado sobre transporte de crudo, firmado entre la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker, y que no impidió las supuestas irregularidades una vez que ya era presidente.
En cambio, la defensa del presidente argumenta que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno y que bajo el mandato de Lasso se hizo una renovación que recogía una serie de recomendaciones de la Contraloría para mejorar las condiciones para el Estado.
La Comisión de Fiscalización, este sábado, 6 de mayo, tras seis horas de sesión, no contó con los votos necesarios para aprobar el informe sobre el juicio político, solicitado por los asambleístas Viviana Veloz, Pedro Zapata, Mireya Pazmiño y Rodrigo Fajardo, que sugería no recomendar el enjuiciamiento al Mandatario.
Los legisladores Ana Belén Cordero, Pedro Velasco y Marco Troya coincidieron en que el documento detallaba la debilidad de los argumentos de los solicitantes del juicio, y que no se había podido establecer el vínculo causal de los presuntos hechos que configuraban el peculado, con la responsabilidad política del Presidente de la República.
Por su parte, los asambleístas Roberto Cuero, Gabriela Molina, Comps Córdova y Bruno Segovia, sostuvieron que el informe no recogía las pruebas presentadas por los solicitantes del juicio político, "quienes demostraron la responsabilidad política del Presidente de la República, porque sabía de los actos de corrupción que se estaban cometiendo en empresas públicas".