La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Fernando Villavicencio, anunció que remitirá este jueves 5 de agosto a la Presidencia de la Asamblea el detalle de las posiciones de los miembros del organismo, en torno a la solicitud de juicio político presentada por Juan Cristóbal Lloret, en contra del excontralor subrogante, Pablo Celi de la Torre, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley. Es decir, el Pleno deberá resolver sobre el pedido de juicio político, sin un informe específico de conclusiones y recomendaciones.
Aquello, luego de que la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, no concediera una extensión del plazo para la entrega del informe, "por cuanto lo solicitado va en contra del procedimiento establecido en la Ley que rige a la Función Legislativa".
Respecto de los plazos del juicio político al excontralor, también se puntualizó que Villavicencio solicitó de forma extemporánea una prórroga para la entrega del informe, después que se cumpliera el plazo para la presentación del mismo.
Llori consideró que la Comisión de Fiscalización ha actuado con "negligencia", no obstante, aseguró que no permitirá que el caso de Celi quede en la impunidad.
Por su parte, Villavicencio manifestó que la responsable de no haber notificado a tiempo el pedido de prórroga es la secretaria de la Comisión, Sharon Jiménez. Además, advirtió que un grupo de parlamentarios quiere sacarlo de la Comisión de Fiscalización y echar abajo el juicio político a Celi.
Por ese motivo, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 82, inciso tercero, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la mesa de Fiscalización entregará el detalle de las posiciones de sus miembros, para que sea el Pleno del Legislativo el órgano que resuelva acerca del archivo de la solicitud o el juicio político.
Para el efecto, en la sesión, los asambleístas Pedro Velasco, Ana Belén Cordero, Soledad Diab, Marco Troya, Roberto Cuero y Bruno Segovia, expusieron sus puntos de vista. La mayoría de los comisionados coincidió en que cinco de las causales planteadas por el interpelante, Juan Cristóbal Lloret, configurarían el incumplimiento de funciones y, por tanto, es necesario que se recomiende el desarrollo del juicio político en contra del excontralor y la correspondiente censura.
Solo la causal relacionada con el ejercicio de funciones de subcontralor sin el sustento legal respectivo no habría sido probada por el interpelante, toda vez que el desempeño de Celi en el cargo fue ratificado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS) y sus decisiones fueron blindadas a través de un dictamen de la Corte Constitucional.
El presidente de la Comisión presentó un borrador de informe, mismo que será enviado como su posición al interior de la mesa. En ese documento coincide con la valoración de las pruebas presentadas, tanto de cargo, cuanto de descargo; recomienda la continuación del juicio político en el Pleno de la Asamblea y, a la vez, solicita que se remita el expediente a la Fiscalía General para que investigue penalmente a decenas de funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría General del Estado.
Se informó que el documento que detalla las posiciones de los asambleístas miembros de la mesa de Fiscalización será ingresado en Secretaría General antes del mediodía del jueves 5 de agosto de 2021 según se anunció en la sesión.