Jueza encuentra incompleta documentación sobre unificación de penas de Jorge Glas
En una Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Quito se analiza si procede o no su libertad bajo la unificación de penas.
Una medida cautelar presentada en Santo Domingo sirvió al exvicepresidente Jorge Glas para salir de la cárcel, sin embargo en una Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Quito se analiza si procede o no su prelibertad bajo la unificación de penas.
La jueza Melissa Muñoz observó, este martes 29 de noviembre, que la documentación presentada está incompleta, por lo que dispuso al responsable del Centro de Rehabilitación Social Masculino Pichincha No. 2, en el término de 72 horas, remitir lo siguiente:
-Certificado de permanencia actualizado en el cual se verifique el tiempo que ha permanecido privado de la libertad el exvicepresidente, por cada causa penal.
-Informe jurídico actualizado, con la descripción de cada causa penal.
-Documentación que respalde las condiciones subjetivas de Glas, en relación con el cumplimiento de su condena, misma que deberá ser sustentada en audiencia.
Por último, la magistrada indicó que, una vez cumplido con lo requerido, se señalará día y hora para llevar a efecto la audiencia.
La nulidad de la condena en el caso Singue permitió a Glas insistir en la unificación de penas para, una vez más, intentar su excarcelación.
No obstante, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) solicitó este miércoles la revocatoria del fallo que dio luz verde a la liberación de Glas.
"Este servicio presentó la petición de revocatoria total y declaración de nulidad a la resolución emitida por el juez Emerson Curipallo", señaló el SNAI en un comunicado.
Curipallo aceptó el lunes una medida cautelar en favor de Glas, dispuso su liberación y le otorgó medidas alternativas a la prisión: debe presentarse semanalmente ante una autoridad judicial y tiene prohibido salir del país.
Asimismo, la Procuraduría General del Estado (PGE) también ha pedido que se revise la decisión del magistrado de Santo Domingo de los Tsáchilas. El organismo interpuso un recurso de ampliación y aclaración, para que se justifiquen legalmente las razones de su liberación.
El exvicepresidente, quien fue encarcelado en 2017, fue condenado a seis años de prisión por asociación ilícita en el caso Odebrecht.
Y tiene una condena de ocho años por cohecho dentro del caso "Sobornos 2012-2016", en el que también fue sentenciado en ausencia el exmandatario Rafael Correa.
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