Así lo determinó el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el pasado 25 de agosto del 2023, cuando los conjueces Jorge Baeza, Solimar Herrera y Francisco Hernández resolvieron el recurso de aclaración y ampliación solicitado por la defensa de Yunda a la sentencia emitida el 19 de agosto.
Los magistrados ratificaron la resolución que quita a Jorge Yunda la posibilidad de ejercer sus derechos políticos por dos años y pagar 30 salarios básicos unificados, es decir, 13.500 dólares.
La sanción alcanza también a dos jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha: Raúl Isaías Mariño Hernández y Cenia Solanda Vera Cevallos. Así mismo para la exjueza María Belén Domínguez.
Estos personajes también fueron sancionados por emitir sentencias que se superponen al TCE, lo que facilitó la indebida presencia de Jorge Yunda en la alcaldía de Quito. Los jueces deberán pagar una multa equivalente a 25 salarios básicos, es decir, 11.250 dólares.
El expediente será remitido a la Fiscalía General del Estado y Contraloría para que se investigue al exburgomaestre.
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Este proceso se remonta al 8 de julio del 2021, cuando el TCE ratificó la actuación del Consejo Metropolitano de Quito, que removió del cargo a Yunda y en su lugar asumió Santiago Guarderas.
Un mes después, Guarderas interpuso una denuncia en el organismo electoral contra Yunda por incumplir la sentencia. Aquella queja es la que se oficializó el pasado viernes.
Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió un recurso presentado por Yunda para que se revise el proceso en el que fue destituido. El Gobierno debe entregar en un plazo de tres meses todas las observaciones del caso.
“Afuera estoy seguro que harán respetar el debido proceso y los derechos humanos de un ciudadano”, escribió el exalcalde.
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