La fecha tentativa de la investidura del presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, ha pasado del 20 de noviembre al 1 de diciembre, tras la última reunión sostenida en Quito entre los equipos que gestionan la transición de la administración con el actual Gobierno del presidente Guillermo Lasso.
Si bien en un inicio Noboa había indicado al canciller de Colombia, Álvaro Leyva, que el 20 de noviembre tendría la ceremonia de toma de mando, su equipo de comunicación apuntó este lunes que la nueva fecha que se maneja es la del primer día de diciembre.
"El cronograma establece que la Asamblea Nacional se posesione el 15 de noviembre y que se realice un ensayo general de la toma de mando presidencial a fines de mes", apuntó el equipo de Noboa en un comunicado.
En la reunión de este lunes, el equipo de transición de Noboa estuvo integrado por la próxima ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, y por el próximo secretario general de Comunicación, Iván Carmigniani.
También estuvieron Katherine Gafter, Mónica Palencia, Arturo Félix, Cynthia Gellibert, María Beatriz Moreno y Juan José Reyes.
Otros participantes del encuentro fueron Digna Gutiérrez, del departamento de Comunicación de la Asamblea Nacional; Andrés Cisneros, Oscar Noboa, Helena Yánez, de protocolo de la Cancillería; y Galo Ledesma, de protocolo de la Asamblea Nacional.
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La reunión del lunes 30 de octubre se suma a la sostenida la semana pasada con Wendy Reyes, secretaria de Comunicación del Gobierno saliente.
Además de Sommerfeld, Noboa también ha anunciado ya que serán ministros en su gabinete Franklin Palacios, en la cartera de Agricultura y Ganadería; Sonsoles García, en la de Industrias y Comercio; así como Roberto Luque, como la de Transporte y Obras Públicas.
Actualmente Noboa sigue de viaje por España, Italia y Estados Unidos, en una agenda eminentemente privada donde ha realizado varias reuniones con organizaciones de esos países y ha mantenido una conversación telefónica con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.
Noboa tendrá un corto mandato de poco más de quince meses para atender las principales urgencias del país, como una crisis de inseguridad y violencia sin precedentes y un déficit creciente que puede limitar mucho el gasto público.
A ello se suma ahora apagones programados para racionar la electricidad, por problemas de sequía en la zona donde están las principales hidroeléctricas del país.
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