El Ministerio de Gobierno emitió un nuevo comunicado en referencia al informe de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, que recomienda destituir al presidente Guillermo Lasso por supuesta conmoción interna. En esta comunicación señala directamente al expresidente Rafael Correa y advierte un presunto “afán político de desestabilizar la institucionalidad democrática” en Ecuador.
El Gobierno "tiene claro que existe una conspiración para desestabilizar al sistema que dio su confianza al Presidente elegido por la mayoría de ecuatorianos en las urnas", aseguró esa cartera de Estado en un comunicado oficial difundido en redes sociales.
En el comunicado afirmó que, a su criterio, "quien impulsa esa desestabilización es aquel que organizó la más vasta trama de corrupción conocida en la historia de Ecuador", en referencia a Correa, quien también se ha defendido de esas acusaciones al asegurar que forman parte de una persecución política en su contra.
Además, el Ministerio de Gobierno, en su escrito, aseguró que el Gobierno reconoce "que es la posición sectaria del grupo de asambleístas de UNES, empeñados en debilitar la democracia e impulsar un golpe de Estado". No así otros sectores parlamentarios que, pese a estar en la oposición, han tomado "distancia de esta pretensión golpista", aseguró el Ministerio de Gobierno en su texto.
Remarcó que el Ejecutivo "hará uso de todas las herramientas legales y constitucionales para enfrentar la aventura golpista del correísmo".
COMUNICADO OFICIAL | El Gabinete Ministerial rechaza el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la @AsambleaEcuador, con el que se sostiene la falsa hipótesis de que el Presidente inobservó el pacto ético aprobado en la Consulta Popular de 2017. pic.twitter.com/nxnQ6CVEo3
— Comunicación Ecuador (@ComunicacionEc) November 6, 2021
Este pronunciamiento se dio al día siguiente de que la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea aprobara un informe en el que recomienda, entre otras cosas, que se observe el supuesto incumplimiento de la ley por parte del presidente Lasso.
El gobernante ha aceptado que poseía capitales e inversiones en paraísos fiscales, pero ha ratificado que se deshizo de ellos para presentarse como candidato presidencial. No obstante, la Comisión insiste en que Lasso incumplió el llamado "Pacto ético", en vigor desde 2017, ya que aparentemente él, o sus familiares, siguen en posesión de capitales en paraísos fiscales.
El mandatario ha restado validez a la investigación de la Comisión de Garantías Constitucionales, dominada por la oposición y que no ha tomado en cuenta que el Consejo Nacional Electoral ya rechazó ese tipo de denuncias, por lo que en su momento calificó a Lasso como candidato presidencial.
De su lado, la Comisión designada por la Asamblea para investigar el escándalo de los papeles de Pandora, ha remitido a la Fiscalía y a la Contraloría del Estado, informaciones recabadas desde Panamá sobre este caso, para que investiguen si existirían eventuales delitos penales conectados con este caso.