El exasambleísta correísta y prófugo de la justicia Ronny Aleaga estaría en Venezuela. Las autoridades ecuatorianas recibieron una alerta crucial por parte de su exesposa, quien lo acusa de secuestrar tanto a ella como a su hijo.
Según el reporte de la encargada de asuntos consulares del Ecuador en Venezuela, la exesposa solicitó ayuda en Caracas, afirmando que Aleaga la mantenía cautiva en su residencia y que la habría forzado a firmar una solicitud de refugio, alegando que sin ello no podría retornar a Ecuador con su hijo.
Este episodio se suma a las acusaciones previas contra Aleaga, quien enfrenta una orden de prisión preventiva en el país por su presunta implicación en actividades de delincuencia organizada, especialmente relacionadas con la trama de corrupción Metástasis.
Contra el exlegislador, quien salió del país a finales de diciembre del 2023, pesa una orden de prisión preventiva.
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La Fiscal General Diana Salazar ha indicado que esta causa reveló cómo el sistema judicial está gangrenado, hasta el punto que es imposible regenerarlo sin antes haber depurado –de forma profunda– todas las estructuras corrompidas: “por eso es fundamental llegar a la verdad procesal”.
También ha señalado que esta investigación se inició tras el asesinato del narcocriminal Leandro Norero Tigua en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Cotopaxi, en octubre de 2022. En los chats de su teléfono, que dan cuenta de actividades ilícita, se menciona a alias ‘Ruso’, quien según el Ministerio Público sería el exlegislador.
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Sobre la participación de Aleaga, la fiscal explicó que estaba dirigida a "silenciar" a la persona que representaba la principal fuente de revelación de "sus actividades delictivas", es decir contra el excandidato presidencial y exasambleísta, Fernando Villavicencio (asesinado el pasado 9 de agosto de 2023), quien públicamente "denunció los hilos de la mafia manejados por Xavier Jordán y Leandro Norero".
Durante el desarrollo de esa investigación, se determinó que los cincuenta y dos procesados (hasta el momento) formaban parte de un grupo que coordinaba y ejecutaba varios delitos.
Se evidencian conversaciones que involucran a los procesados en tareas de coordinación de seguimientos a agentes fiscales, manipulación de evidencias, ingreso de artículos prohibidos al CRS de Cotopaxi (y otras actos, a través de los cuales brindaba comodidades y privilegios dentro de prisión), pago de sobornos y la intervención de la ex Fiscal Provincial en la asesoría de acciones judiciales que beneficiaban a Leandro Norero y sus familiares.