El tío de Jorge Glas, Ricardo Rivera, sale de prisión: ¿qué condiciones debe cumplir?
Rivera debe acudir semanalmente a una unidad de reinserción para realizar actividades sociales y comunitarias.
Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente de la República Jorge Glas, salió de la cárcel regional de Guayaquil alrededor de las 23h35 del jueves 9 de diciembre, donde estaba recluido tras una condena de seis años por el delito de asociación ilícita, dentro de la trama de corrupción en el caso Odebrecht.
Un informe de buen comportamiento y el hecho de no tener otros procesos penales en trámite, fueron elementos suficientes para que el juez de Garantías Penitenciarias, José Luis Jiménez, aceptara el recurso de régimen semiabierto a favor de Rivera.
Como parte de las medidas, Rivera tiene colocado un grillete electrónico. Además, el juez ordenó que se presente periódicamente ante la Fiscalía, acudir semanalmente a una unidad de reinserción para realizar actividades sociales y comunitarias.
Tampoco puede cambiar de lugar de residencia ni cometer algún otro delito o contravención.
En su fallo, el magistrado específico que debido a que "existe una documentación agregada al proceso de investigación previa que se está sustanciando en Quito", Rivera solamente tiene permitido desplazarse desde la provincia del Guayas hasta Quito (para cumplir actividades respecto a la investigación en mención).
Como parte de las medidas de control, por ningún motivo Rivera podrá acercarse a la víctima del delito por el que fue sentenciado o de los familiares de la víctima, así como no tener contacto o negocios con los otros procesados, entre ellos su sobrino Jorge Glas.
El juez también resaltó que se prohíbe al sentenciado el consumo de sustancias estupefacientes (marihuana, cocaína, heroína, etc,) y bebidas alcohólicas.
En el caso de que no se cumpla con uno de los mecanismos de control, se podrá revocar el beneficio penitenciario y nuevamente Rivera tendría que ser reingresado al centro carcelario para que cumpla la pena íntegramente.
Rivera fue detenido en junio de 2017 y sentenciado en diciembre de ese mismo año. Él habría sido el enlace con la empresa brasileña Odebrecht para recibir sobornos a nombre de Glas a cambio de contratos con el Estado.
Fiscalía demostró que los sentenciados se asociaron ilícitamente con el fin de atentar contra la propiedad pública estatal y cometer delitos contra la eficiente administración pública para obtener un beneficio económico en cinco proyectos estratégicos: Poliducto Pascuales-Cuenca, Trasvase Daule-Vinces, Proyecto Hidroeléctrico Manduriacu, Refinería del Pacífico-Movimiento de Tierras y Acueducto La Esperanza.
Por este caso fueron sentenciadas ocho personas y a todos se les ordenó pagar más de 33 millones de dólares al Estado.
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