El 40% de las personas privadas de la libertad (14.803 personas) no han sido sentenciadas, reveló hoy el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), Bolívar Garzón, y añadió que otras 5.000 personas están detenidas por apremio, lo que significa que han cometido una contravención, más no un delito.
Durante la sesión 730 del pleno Legislativo, Garzón explicó que uno de los principales factores de la crisis carcelaria es que la normativa penal vigente limita los accesos a los beneficios penitenciarios, lo que "resta motivación" para la reinserción social.
El teniente coronel del ejército en servicio pasivo resaltó al inicio de su intervención, que la misión del Sistema Nacional de Rehabilitación es "garantizar la atención integral a personas adultas y adolescentes en conflicto con la ley penal, mediante el desarrollo de habilidades y destrezas con el fin de contribuir positivamente en su reinserción en la sociedad".
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El funcionario citó los artículos 672 y 675 del Código Integral Penal, que estipulan que este sistema debe ser integral y respaldado por representantes de "justicia y derechos humanos, salud pública, relaciones laborales, educación, inclusión económica y social, cultura, deporte y el Defensor del Pueblo". Sin embargo, dijo Garzón, esto no se está desarrollando correctamente.
Estas fallas se ven reflejadas en el abuso de la prisión preventiva, el déficit de agente penitenciarios, el hacinamiento y el uso de armamento letal en contra del personal administrativo especializado.
Los centros ya cuentan con 26 mil personas por encima de la capacidad para los que fueron construidos. El 60% del hacinamiento se encuentra en los centros del Guayas, donde además, la mayoría son personas sin sentencia, de acuerdo con Garzón.
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"Tenemos un total de 89.000 personas privadas de la libertad y un total de 1.643 agentes de seguridad penitenciaria. Es decir, por cada agente hay 110 ppl", enfatizó el teniente coronel, puesto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) recomiendan que por cada 10 reclusos haya un agente penitenciario.
Detalló también que la SNAI gestiona los expedientes, pero le corresponde a los jueces procesar a los detenidos. "Es increíble que existan en el país, solamente 14 jueces beneficios penitenciarios. Existen 5 mil expedientes a los que no se les ha dado trámite", añadió.
"Lamentablemente he heredado un sistema colapsado, que necesita cambios estructurales como lo he demostrado", expresó Garzón. Por eso, hizo un pedido formal a la Asamblea Nacional para que se genere una Ley de Rehabilitación Social.
"Eso está en sus manos, les pedimos ayuda. Necesitamos de todos los entes del Estado, necesitamos de ustedes para poder salir de este problema", dijo ante el pleno.