La fiscal general Diana Salazar rompió el silencio sobre varios temas que han sido cuestionados en las últimas semanas. Aseguró que el juicio político en su contra es una estrategia para tratar de debilitarla. Además, defendió los allanamientos en la Corte Nacional de Justicia y reveló que Wilman Terán trata de convencer a sus compañeros de celda para que no se acojan al procedimiento abreviado.
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“Estoy segura de que no existen razones ni políticas, ni jurídicas, para ser objeto de censura”, apuntó la funcionaria en entrevista con Ecuavisa sobre el pedido que hizo para que se reactive el proceso de fiscalización en su contra en la Asamblea Nacional.
Reiteró que se trata de un “narcojuicio”, puesto que los casos Metástasis, Purga y Plaga “han demostrado cómo algunos partidos políticos, uno en especial, han sido tocados por el narcotráfico y también por la delincuencia organizada”.
Salazar dijo que el objetivo de ese proceso es debilitarla y “generar impunidad”, lo cual manifestó ya quedó en evidencia cuando Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue salvado de la censura política en la Asamblea.
“Este juicio político no responde más que a una revancha de la delincuencia organizada por haber develado la estructura que mantenían al interior del Estado ecuatoriano”, acotó la titular del Ministerio Público.
Agregó que “será el pueblo ecuatoriano quien juzgue” y pidió que se respeten los tiempos de su maternidad. “Que no se les ocurra llamarme a comparecer a días en que yo ya tenga que retirarme por la licencia”.
El viernes 16 de agosto, la Fiscalía y la Policía allanaron un domicilio y las oficinas de dos jueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes habrían incurrido en el presunto delito de cohecho al beneficiar a Wilman Terán con un habeas corpus para su traslado de la prisión de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, a la Cárcel 4, en Quito.
Esta acción fue cuestionada en redes sociales y diversos internautas mencionaron que es una intromisión a la justicia. Sin embargo, Diana Salazar recordó que la legislación ecuatoriana “prevé la posibilidad de que todas las personas en igualdad de condiciones seamos objeto de investigaciones”.
Apuntó que “no se trata de que la Fiscalía está inconforme con el fallo, sino que responde a una denuncia que se presenta y es nuestra obligación no solo en este, sino en todos los casos, actuar”.
Así mismo, defendió los allanamientos ya que permiten recabar indicios, por ejemplo, de los celulares u otros instrumentos tecnológicos antes de que las evidencias sean borradas.
La fiscal también reveló que William Teran está intentando persuadir a sus compañeros de celda en la Cárcel 4, y también procesados en el caso Metástasis, para que no se acojan al procedimiento abreviado.
“Porque él (Wilman Terán) manifiesta a viva voz que aún mantiene control total de la Corte Nacional de Justicia. Es más, aquel día jueves en el que se dictó este fallo (el habeas corpus), él llegó de forma victoriosa y dijo que es un día de triunfo, ya van a ver por qué”.
Prueba de ello, según contó la fiscal, es que el abogado César Ácaro pidió aquel recurso, pero luego desistió.
El pasado jueves, un medio digital difundió graves acusaciones en contra de la Fiscalía e incluso manifestó que en aquella institución hay personas vinculadas con la mafia albanesa, las cuales alertan a los criminales sobre operativos.
Salazar indicó que esas acusaciones son falsas y subrayó que la institución que lidera viene investigando el caso Pampa desde diciembre del 2022, “de manera reservada y no de forma aislada, sino con la cooperación internacional de España”.
Añadió que Dritan Gjika, cabecilla de la mafia albanesa, ya había huido del país cuando se inició el caso y otros miembros fueron procesados en España con cooperación del Ministerio Público del Ecuador.
Finalmente, Salazar reiteró que el caso está a la espera de la audiencia preparatoria de juicio y que muchas de las empresas mencionadas por el medio digital han sido intervenidas por la Fiscalía en el marco del procesamiento de las personas jurídicas.