Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, suma dos pedidos de juicio político en su contra
Carrión se encuentra imposibilitado de ejercer la alta magistratura de la institución mientras se encuentre privado de la libertad.
Dos pedidos de juicio político en contra del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, serán puestos en conocimiento de la Presidencia de la Asamblea Nacional. El funcionario se encuentra privado de la libertad en la cárcel 4 de Quito, tras una investigación que abrió la Fiscalía General del Estado por un caso de presunto abuso sexual.
La primera solicitud fue presentada por el asambleísta, Ricardo Vanegas, del movimiento Pachakutik, por una supuesta arrogación de funciones y falta de probidad notoria.
Mientras que, el segundo pedido fue realizado por la legisladora de Izquierda Democrática, Yeseña Guamaní, quien oficializó la solicitud por incumplimiento de funciones.
Desde la cárcel 4 de Quito, donde permanece por el presunto caso de abuso sexual que habría ocurrido durante un festejo en la casa del exministro de Salud Mauro Falconí, Carrión ha intentado defenderse del proceso en su contra. Según él, todo es parte de una trama.
“El poder no perdonará jamás que haya existido un Defensor que se puso del lado de las personas y no del poder (...) La persecución política es el precio a pagar cuando el poder se ve acorralado ante las pruebas que he presentado en su contra", dijo Carrión en una carta que escribió desde su celda.
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El pasado viernes 18 de junio, la Defensora del Pueblo (s), Zaida Rovira Jurado, informó, mediante una rueda de prensa sobre la situación jurídica actual que atraviesa la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Rovira informó que Carrión se encuentra imposibilitado de ejercer la alta magistratura de la institución mientras se encuentre privado de la libertad, y que todo acto ejercido por él, desde la cárcel, es totalmente nulo debido a que se encuentra privado de la libertad y sin acceso legal a medios tecnológicos.
Además, la Defensora solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que proceda a nombrar, de manera urgente, a un o una representante que dirija la Defensoría del Pueblo, hasta que se convoque a un nuevo concurso para elegir a un nuevo o nueva titular.
“No vamos a permitir que nadie llene de vergüenza, con sus actos particulares, la institución de derechos humanos que es de todas y todos los ecuatorianos”, finalizó Rovira.
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