La denuncia de la vicepresidenta de Ecuador, Verónica Abad, contra el presidente Daniel Noboa, por presunta violencia política de género, elevó el pulso que ambos mantienen, a tan solo meses de las próximas elecciones generales del país.
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Abad, quien funge como embajadora en Israel por encargo del mandatario, presentó la querella ante el Tribunal Contencioso Electoral ( ) este martes, días después de que el oficialismo postulara a Noboa como candidato a los comicios del próximo 9 de febrero, cuando se designará a quien gobernará el país hasta el 2029.
En su denuncia, la vicepresidenta exige la destitución del mandatario y la suspensión de sus derechos políticos durante cuatro años. Noboa, al ser notificado, declaró lo siguiente: "Quiere al Presidente de la República fuera del poder, para que ella asuma ese cargo. Si quedaba alguna duda de sus intenciones, hoy al fin se le cayó la máscara".
El Ejecutivo ha dejado entrever que no quiere que Abad tome las riendas de la Presidencia, como lo dicta la Constitución, cuando Noboa deba pedir licencia para hacer campaña por la reelección. El jefe de Estado ha justificado su postura al decir que la segunda mandataria "juega un rol en una trama mucho más grande".
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"Solo así se entiende el respaldo que (sus rivales políticos) públicamente dieron a la denuncia, pues no es a ella; es a lo que intentan conseguir a través de ella: campo abierto a las elecciones presidenciales. Se juntan entre los peores", declaró este jueves, por medio de un comunicado difundido en redes sociales.
La querella de Abad, quien llegó a Israel en diciembre del año pasado para cumplir la única misión que el Ejecutivo le asignó, trabajar en pro de la resolución de enfrentamientos en aquella región, también está dirigida contra la canciller Gabriela Sommerfeld, el viceministro de Gobierno Esteban Torres y la asesora Diana Jácome.
Con Sommerfeld ha tenido múltiples choques en el pasado, el más reciente debido a que la Cancillería le negó cinco días de permiso para tratar asuntos familiares y de salud. Torres, en cambio, dijo en meses pasados que sería "nefasto" que Abad llegase a reemplazar temporalmente a Noboa.
Por otra parte, Jácome emitió una declaración que fue ampliamente rechazada por la segunda mandataria, con relación a la vinculación de su hijo en el Caso Nene, que investiga el presunto delito de concusión en la Vicepresidencia de la República.
"Si tu hijo está preso...¿tú te regresas o prefieres mantenerte porque quieres el poder?", preguntó la asesora durante una entrevista, en mayo de este año, cuando Sebastián Barreiro, hijo de la vicepresidenta, estaba encarcelado provisionalmente por la causa.
Como réplica, Jácome anunció este jueves que presentó una denuncia contra la vicepresidenta, quien, según declaró la asesora, "siempre cuestionó la existencia de la violencia de género como un problema estructural y minimizó la gravedad de este tema, sugiriendo que se trata más de una manipulación política".
"Como defensora de los derechos de las mujeres, rechazo enfáticamente cualquier forma de violencia política de género. Sin embargo, no puedo permitir que se utilice esta causa justa como excusa para perseguir intereses políticos y personales", acotó Jácome, detallando que interpuso la querella en el TCE.
Ante este mismo órgano judicial Abad afronta también una una denuncia interpuesta por Juan Esteban Guarderas, miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a mediados de mayo de este año, referente a una supuesta infracción electoral que la segunda mandataria habría cometido en las elecciones locales de 2023, basada en su supuesta participación en una campaña anticipada.
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La audiencia oral única de pruebas y alegatos para aquel caso, que estaba prevista para el 15 de agosto, fue aplazada sin fecha aún para completar el proceso de notificación y garantizar el derecho a la defensa. De ser encontrada culpable, Abad perdería sus derechos políticos y no podría ejercer cargos públicos.
En junio de este año, Abad se salvó de enfrentar un juicio en el denominado "Caso Nene". La Asamblea Nacional había sido convocada para decidir sobre el levantamiento de su inmunidad, lo cual habría permitido su vinculación formal al caso por el presunto delito de concusión.
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No obstante, la moción para negar que ello suceda fue aprobada con 75 votos a favor. El Ejecutivo rechazó de inmediato la resolución y aseguró que "un sucio pacto político" se llevó a cabo en la Asamblea Nacional para evitar que la Fiscalía General del Estado investigue a la segunda mandataria.
El caso en cuestión surgió tras la denuncia de un funcionario despedido de la Vicepresidencia, quien acusó a Sebastián Barreiro de solicitarle una parte de su sueldo a cambio de influir en su contratación laboral. Aquello devino en el arresto del señalado y el anuncio de que Abad iba a ser vinculada al caso, bajo cargos que ella negó rotundamente.
Según el fiscal de la causa, Carlos Leandro Alarcón, de la unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Ministerio Público, durante la instrucción fiscal en curso habían surgido evidencias que apuntaban a Abad, sin dar mayores detalles de estas.
El sorpresivo envío como embajadora a Israel evidenció el distanciamiento de Noboa, desde la campaña a la segunda vuelta, una ruptura sobre la cual Abad comentó recientemente a Agencia EFE que no encuentra explicación.
"Es algo que todavía nosotros nos preguntamos. El señor presidente no ha sido capaz de decir, primeramente, por qué el odio hacia su vicepresidenta", sostuvo Abad, quien dijo sentirse "desterrada" y quien ha denunciado un trato "hostil" por parte de Noboa para presuntamente presionarla a renunciar.
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Abad ha aseverado que no renunciará al cargo y defiende su derecho a asumir temporalmente la Presidencia de Ecuador cuando Noboa deba solicitar licencia.