Corte Constitucional convocó al Consejo de Participación Ciudadana a audiencia pública
El juez Enrique Herrería tuvo voto concurrente, en el que señaló que no era necesaria la audiencia pública, sino que la Corte Constitucional decida con celeridad.
Este lunes 25 de septiembre, a las 10h00, la Corte Constitucional convocó al presidente, los vocales y varios funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) a la audiencia pública, con el fin de iniciar la fase de seguimiento del dictamen 2-19-IC/19.
En ese dictamen, la Corte Constitucional resolvió que el CPCCS no podía revisar las decisiones tomadas por el Consejo transitorio. Allí "puntualizó que las competencias extraordinarias atribuidas al CPCCS-T se extinguen una vez que finalice la transición, razón por la cual dejó en claro que el CPCCS definitivo no ostenta las competencias extraordinarias que el “Régimen de transición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social” otorgó al CPCCS-T", señala el informe con el que se realiza la convocatoria a audiencia pública.
En la sesión del lunes, la Corte Constitucional va a conocer las posturas del presidente, los vocales y varios funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana sobre la supuesta creación de una veeduría de diagnóstico y evaluación de las actuaciones administrativas del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio.
Alembert Vera, presidente del Consejo de Participación Ciudadana, fue convocado porque el 4 de septiembre dijo en declaraciones públicas que "hemos sido notificados con esa sentencia. Es contundente respecto a la no limitación que tiene la ciudadanía para revisar los actos del poder público. Se va a dar paso de forma inmediata para la conformación, e invitamos a toda la ciudanía, a los profesionales que en su momento tuvieron que callar por miedo o por presión, para que se sumen a esta veeduría para revisar los actos atroces cometidos por el Trujillato".
A esta actividad también fue convocado Leiver Patricio Quimis, juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de Montecristi (Manabí), quien admitió una acción de protección propuesta por Betty Moreira en contra de la negativa del CPCCS a su solicitud de conformación de una veeduría ciudadana.
La Corte Constitucional, al iniciar la fase de seguimiento del dictamen 2-19-IC/19, va a verificar si las conductas de las autoridades y de los funcionarios del CPCCS podrían estar encaminadas a contravenirlo.
En este caso, el juez Enrique Herrería tuvo un voto concurrente, en el que señaló que no era necesario requerir mayor información o convocar a una audiencia pública. "Al contrario, debido a la gravedad y trascendencia de la cuestión que nos ocupa, esta Corte debía proceder con celeridad y resolver el mérito de la causa", indicó en el informe.
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