La Contraloría General del Estado (CGE) aprobó un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP) por pagos injustificados a un proveedor de Petroecuador, que superan los $ 24 millones.
Como resultado del examen especial a los contratos suscritos por la empresa pública de hidrocarburos para la modernización de sistemas de sellado, planes de interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés), renovación y actualización de bombas y asistencia de las actividades de mantenimiento de equipos rotativos de la Refinería de Esmeraldas, el organismo de control puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado (FGE) un IRP por los pagos realizados a la compañía Nolimit C. A.
El informe señala que las planillas de liquidación y de servicios adicionales, del contrato complementario signado con el número 2014028, se cancelaron sin sustentos del cálculo y documentos de la prestación del servicio de soporte técnico y transferencia tecnológica.
"Los funcionarios de la estatal petrolera certificaron la recepción de los trabajos, por 73.020 horas/hombre", señala la CGE, al mencionar que no se adjuntaron respaldos del cumplimiento efectivo del contrato, tales como: las hojas de tiempo del personal, reportes de actividades, reportes de timbrado de asistencia, reporte manual de asistencia con firmas físicas, libros diarios de servicios.
El organismo también detalla que en marzo de 2019, el subgerente de Finanzas de Petroecuador, sin argumentar los riesgos para la operatividad de la empresa pública, autorizó el pago con carácter emergente a la contratista, por $ 4’381.230, ocasionando que se genere un desembolso no programado y se evada injustificadamente el trámite común de solicitud de fondos.
Mientras que otros $ 20’345.609 se pagaron por productos adicionales que no estaban contemplados en el contrato complementario y se generaron sin requerimiento previo de las áreas operativas.
Según el informe, el personal de Petroecuador no confirmó el sustento de las horas hombre reportadas como adicionales por Nolimit, ni verificó que los entregables fueron cancelados previamente, durante la ejecución del contrato.
El informe con indicios penales señala a 12 personas, que ocuparon distintos cargos en Petroecuador entre los años 2016 y 2021, como gerentes, subgerentes, jefes, supervisores, miembros de las comisiones de recepción, el administrador del contrato y personal de la contratista.
El IRP se desprendió como resultado del examen especial a los procesos de ejecución y liquidación del contrato R-2012048 y sus contratos accesorios, suscritos con la Compañía Nolimit, por el período comprendido entre el 1 de mayo de 2016 y el 31 de marzo de 2021.
Nolimit C. A también figura dentro del caso 'Las Torres', que involucra al excontralor Pablo Celi. La Fiscalía ha señalado que, entre 2017 y 2020, se habría conformado un grupo estructurado de trece personas, entre funcionarios de alto nivel de instituciones como la Contraloría General del Estado, Petroecuador y la Secretaría General de la Presidencia de la República, y personas particulares con el propósito de obtener un beneficio económico de la empresa en mención.
Esta organización –cuyos líderes ocupaban altos cargos públicos– habría exigido pagos indebidos a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre EP Petroecuador y la empresa NOLIMIT S. A., entre 2017 y 2020.