CONAIE pone siete condiciones al Gobierno para detener movilizaciones a nivel nacional
Entre ellas, su demanda de que el Ejecutivo rebaje el precio de las gasolinas a su tarifa del 11 de junio.
Luego del primer día de protesta contra el Gobierno del presidente Guillermo Lasso, en una comparecencia desde la provincia de Cotopaxi, el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, puso siete condiciones para regresar a la situación de calma.
Entre ellas, su demanda de que el Ejecutivo rebaje el precio de las gasolinas a su tarifa del 11 de junio, es decir, 1,50 dólares por el galón (3,78 litros) de diésel y 2,10 para la ecopaís y extra.
Ante repetidos incrementos, Lasso anunció el viernes una congelación, pero lo hizo con un precio superior al que demanda la Conaie y las organizaciones sociales, que ayer martes protagonizaron una jornada de protesta a escala nacional.
En las manifestaciones, que afectaron a al menos cinco provincias y tuvieron como epicentro a Quito, fueron detenidas 37 personas.
"Exigir al Gobierno nacional la libertad inmediata de todos los compañeros detenidos de manera arbitraria, injusta y violenta", fue la primera de las condiciones del pliego acordado en la Conaie.
También la de exigir al Estado "una reparación integral" a todos los "hermanos y hermanas atacados" en las protestas de este martes, y que "están heridos en espacios y hospitales producto de la represión policial y militar de la fuerza pública".
Las concentraciones de la primera jornada de protesta, que el Gobierno valoró positivamente con la excepción de un brote de violencia en Quito, fueron convocadas por varios sindicatos y movimientos.
En la comparecencia, Iza no mencionó a las otras organizaciones, y se limitó a hablar en nombre del movimiento indígena y de los pueblos bajo el paraguas de la Conaie.
Sí mencionó que, en la reunión, se había acordado "convocar a las tres (organizaciones indígenas) regionales y a amplios sectores sociales a sumarse contra las políticas neoliberales impuestas por el Gobierno".
Y ratificó el ya declarado "estado de excepción" en los territorios indígenas como una forma de "resistencia" contra "la presencia de militares que entraron a nuestros hogares a amedrentar a nuestras familias e incluso para generar robo".
Dos de esos militares, reconoció este martes el ministro de Defensa, Luis Hernández, se encontraban retenidos según los principios de la justicia indígena en una comunidad al norte de Quito, donde, aseguró, realizaban "actividades logísticas" e iban "de civil".
.png)
