Caso Purga: así operaban los jueces y el exlegislador implicado para obtener intereses, e incluso favorecer a "Fito"
Se trata de un claro ejemplo de la unión entre la corrupción judicial y la delincuencia organizada.
Sobre el Caso Purga, la fiscal general Diana Salazar ha revelado que se trata de un claro ejemplo de la unión entre la corrupción judicial y la delincuencia organizada, para la obtención de decisiones judiciales “que mantenían en asombro a toda la sociedad”.
Los imputados habrían cometido el delito de delincuencia organizada "a través del sistema judicial en Guayas, para favorecer intereses particulares e, incluso, del narcotráfico", de acuerdo con la Fiscalía.
La información contenida en el teléfono de Mayra Salazar, procesada por el Caso Metástasis, ha sido crucial para que la fiscal sustente la formulación de cargos contra los doce detenidos en el caso Purga, entre ellos el exasambleísta Pablo M. y la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, María Fabiola G. y el juez provincial Johann Gustavo M.
Según la investigación, la trama llegó a favorecer judicialmente al narcotraficante José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), líder de la banda criminal Los Choneros, que se fugó de la cárcel de Guayaquil donde cumplía una condena de 34 años de prisión por narcotráfico, homicidio y delincuencia organizada.
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La Fiscalía también sostuvo que Fabiola G. "habría emprendido acciones para contactar a 'Fito' en procura de obtener un beneficio económico a cambio de su fallo", cuando era parte del tribunal que debía revisar la apelación las autoridades penitenciarias de que no siguiese encarcelado en La Roca, la prisión de máxima seguridad de Ecuador.
“Fito encontró en esos miembros (jueces) sus aliados para beneficiarse con decisiones judiciales de la Corte del Guayas”, manifestó la Fiscal.
Por su parte, el exasambleísta Pablo M., quien presuntamente controlaba la administración de justicia en Guayas y ha sido señalado como “líder del grupo criminal”, "habría financiado la campaña y la operatividad de María Fabiola G. como presidente de la Corte Provincial de Guayas", y a cambio "él y su esposa se beneficiaron de fallos judiciales para obtener una indemnización de casi 4 millones de dólares".
Además, a través de su intervención, el primo de exparlamentario (también investigado) se apropió a través de fallos judiciales de un terreno valorado en 200.000 dólares, sin soporte documental que legitime la compra del mismo, apuntó la Fiscalía.
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También imputó a Pablo M. haber usado presuntamente su poder político para que se archiven cuatro sumarios administrativos abiertos contra Gallardo en 2023, con la colaboración de la directora provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas y de su asesor.
Luego de analizar un total de 119 elementos de convicción y los argumentos expuestos por Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos por delincuencia organizada, el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Javier de la Cadena dispuso prisión preventiva para el exasambleísta Pablo M., la expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, María Fabiola G. y el juez provincial Johan M., a quienes se ha imputado como autores de la estructura delincuencial.
Asimismo se envió a prisión a los jueces de Guayas Nelson P., Lino R., Henry T., Guillermo V., además de Ruth S. y Fausto A.
Para el juez Reinaldo C. dictó arresto domiciliario. Mientras que para Mónica A. (esposa del exasambleísta) y Saúl M. deberán presentarse una vez por semana ante la autoridad competente y no podrán salir del país.
En cuánto a las medidas, se ordenó la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles por un valor de 3,9 millones de dólares y dispuso la retención de las cuentas que los procesados tengan en el sistema financiero nacional.
El denominado caso Purga es una derivación del caso 'Metástasis', con el que en diciembre pasado se destapó una gran trama de corrupción judicial, policial y carcelaria, a raíz de los chats hallados en los celulares del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en cárcel en 2022. La fiscal Diana Salazar ha manifestado que se trata de la piedra angular de la "narcopolítica" en Ecuador, que ha salpicado a miembros de las esferas del poder.
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