Dentro de la gran trama de corrupción del caso 'Metástasis', en el que se investiga la estructura criminal infiltrada en varias instituciones del Estado para favorecer al capo del narcotráfico, Leandro Norero, salió salpicado el exalcalde de Manta, Agustín Intriago, quien fue asesinado en julio pasado.
En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada este jueves 14 de diciembre, con la presencia de la fiscal general del Estado Diana Salazar, se expusieron varios elementos recabados a raíz del asesinato de Norero dentro de la cárcel de Cotopaxi.
El punto de partida para descubrir esta red de corrupción fue el asesinato del jefe del narco, conocido como el 'El Patrón', en octubre de 2022. A partir de entonces, la institución obtuvo varios indicios, entre ellos un celular que usaba en Norero dentro de la cárcel.
Al registrar los teléfonos celulares de Norero se halló "evidencias" de una red de influencias y sobornos conformada por funcionarios judiciales de la Corte Nacional y cortes provinciales de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Cotopaxi y Guayas, a cambio de beneficios judiciales.
En la diligencia, Salazar detalló que existen 14.000 fojas de los mensajes encontrados en los teléfonos celulares.
En uno de esos chats, se conoció que la estructura criminal liderada por Norero planificaba delitos a través de entidades públicas como el Municipio de Manta.
Según explicó la fiscal, Intriago pertenecía a la red y colaboró con el jefe narco en crímenes, para "coordinar y planificar delitos contra la administración pública".
El mortal atentado contra Intriago, que en las elecciones de febrero había sido reelecto el 61,25 % de los votos, remeció al país, en medio de una crisis de inseguridad y de violencia del crimen organizado.
Intriago fue asesinado la tarde del domingo 23 de julio del 2023, mientras realizaba un recorrido por el barrio 15 de Septiembre, al oeste de Manta.
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Prisión preventiva
La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva para 30 detenidos por el caso de corrupción, incluido el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, por presunta delincuencia organizada, mientras prosiguen las investigaciones bajo los cargos de presunta delincuencia organizada.
En el caso de Terán, la Fiscalía sostiene que en el momento de los hechos era juez de la Corte Nacional y que desde esa posición tuvo una presunta colaboración con el grupo criminal en la planificación para comprar las decisiones de los jueces nacionales frente a un eventual recurso de habeas corpus en favor del hermano de Norero.
Solo para el exjuez Ronald Guerrero se solicitó arresto domiciliario, por ser mayor de 65 años.
También se pidió en la audiencia a cargo del juez Felipe Córdova, de la Corte Nacional de Justicia, que las cuentas bancarias de los 31 detenidos sean retenidas y se dicte la prohibición de enajenar bienes.