Así operaba la presunta red de corrupción en la prefectura de Cotopaxi: aprovechaban sus cargos para negociar contratos
Una supuesta red de corrupción estaba en la Prefectura de Cotopaxi. Su cabeza, al parecer, era el prefecto y líder del movimiento indígena, Jorge Guamán.
Una supuesta red de corrupción estaba en la Prefectura de Cotopaxi. Su cabeza, al parecer, era el prefecto y líder del movimiento indígena, Jorge Guamán, quien habría integrado la organización con el apoyo de altos funcionarios públicos, familiares y empresarios. Aquí la historia.
Un bastión de Pachakutik salpicado por corrupción. Cotopaxi vivió un primer torbellino, en mayo de 2012. La Contraloría de la época notificó al entonces prefecto, César Umajinga, de su destitución por cargos de nepotismo en contrataciones. Fue el primer prefecto indígena de la provincia; llegó por votación en el 2000; reelecto en 2004 y 2009. Forzado a dejar el cargo en 2012, no se cruzó de brazos. En 2013 ganó una curul y la inmunidad legislativa en la Asamblea Nacional a la que llegó con la divisa multicolor de la wiphala.
Diez años más tarde, la Prefectura de Cotopaxi vuelve a ser noticia por posibles hechos irregulares. Esta vez, por cuenta de denuncias sobre las actuaciones del prefecto en funciones desde 2014. Se trata de Jorge Guamán Coronel, detenido la madrugada del último jueves de julio con otros ocho sospechosos durante el operativo Depuración I, realizado simultáneamente en Latacunga, Salcedo, Pujilí y La Maná.
Guamán, nacido en 1965, fue coordinador de Pachakutik y presidente de la Conaie. Logró una diputación en 2002; en 2005, fue nombrado segundo vicepresidente del Congreso Nacional. Para 2014 ganó la Prefectura; en 2019, la reelección. Desde el último viernes de julio, tras la audiencia, despacha con un dispositivo electrónico, es decir, un grillete.
¿De qué se le acusa? Del posible delito de delincuencia organizada, por indicios de la operación de una estructura delictiva, conformada por altos funcionarios públicos, familiares, empresarios y amigos, según informes policiales que lo señalan como la supuesta cabeza de esa estructura.
Los datos que dieron origen a la investigación fiscal se conocieron en marzo de 2020, según documentos revisados por Vistazo. “A través de información reservada, que tuvo conocimiento que en la provincia de Cotopaxi, ciudades de Latacunga, La Maná, Salcedo, Pujilí, estaría operando una organización delictiva, cuyo modus operandi sería el aprovechamiento de sus funciones, cargos en instituciones públicas y amistad con ciertas autoridades de la provincia, con la finalidad de facilitar la obtención de contratos a empresas ya definidas, previo a un acuerdo con autoridades de la provincia... a través de la entrega de dinero u otros beneficios”.
ORIGEN
La estructura delictiva, según la investigación fiscal, fue conformada por familiares y amigos cercanos al prefecto Guamán. Todo habría empezado desde la primera campaña electoral para la Prefectura. Guamán habría recibido apoyo tanto en la actividad logística como en recursos económicos por parte de un grupo de amigos. Posteriormente, varios de ellos ocuparon cargos importantes en el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Cotopaxi, a pesar de no reunir los perfiles profesionales idóneos.
Son particularmente notorios dos casos. La investigación fiscal detectó que el chofer de la Universidad Técnica de Cotopaxi se convirtió en el director Administrativo de la Prefectura. Y uno de los docentes del mismo centro universitario se convirtió, de la noche a la mañana, en director de Compras Públicas de la Prefectura.
Los familiares del Prefecto también habrían participado. Según el expediente fiscal, la esposa del Prefecto, Eloísa T., habría sido la encargada del cobro de dinero a cambio de cargos públicos y renovación de contratos. Los recursos se destinaban a la compra de bienes, registrados a nombre de terceras personas para evadir los registros de incremento patrimonial.
La hija, Sisa Guamán, economista de profesión, se habría encargado de coordinaciones con empresas privadas para la adjudicación de contratos, a cambio de pagos que se convertían en bienes a favor de terceros. La investigación que sustenta el proceso penal repara en la vida exuberante y en los viajes de la hija del prefecto Guamán por varios países del mundo. Su último movimiento migratorio registra su salida a España, el 16 de junio pasado, en un vuelo de KLM desde Guayaquil.
Sus fotos, exhibidas a través de sus cuentas privadas en sus redes sociales, se viralizaron en plataformas virtuales, por expresar incongruencia entre el discurso político de reivindicación indígena y el evidente ascenso económico de la familia Guamán.
Cotopaxi, provincia con población predominantemente indígena, tiene cantones con niveles de pobreza que bordean el 70 por ciento, entre ellos, Sigchos y Pujilí. En un último estudio nacional, los grupos poblacionales indígenas son los más afectados por la pobreza.
Voces de derechos humanos no dudaron en pedir que se respete la presunción de inocencia de los implicados en este caso, para evitar exponer su vida privada al ojo público, mientras avanza el proceso penal, que ya está en fase de instrucción.
DIEZMOS INDÍGENAS
Guamán es uno de los dirigentes más visibles del movimiento indígena y es conocido por su cercanía con el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, quien precisamente nació en una comunidad de esta provincia de la zona central andina.
Durante los paros realizados en octubre de 2019, en las protestas de octubre de 2021 y en el brote de violencia de 18 días de junio pasado, Cotopaxi fue un punto neurálgico de las movilizaciones.
Documentación revisada para este reportaje revela que desde su llegada a la Prefectura de Cotopaxi, Guamán habría exigido a los contratistas el cobro de un porcentaje para la concesión de obras públicas. También habría pedido coimas para otorgar puestos en la Prefectura, sin tomar en cuenta los requerimientos para cada cargo, evidenciando que el organismo descentralizado se habría convertido en un botín clientelar, lo confirman funcionarios de carrera que fueron despedidos por emitir voces de alerta.
Desde el primer año de su gestión, en 2014, Guamán habría establecido el cobro de diezmos a los empleados de la Prefectura para aportaciones al movimiento provincial y a la Conaie. El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) reaccionó a la noticia de la detención para fines investigativos. “La justicia no puede convertirse en una herramienta para perseguir políticamente a dirigentes indígenas y sociales que han sido visibles en los procesos organizativos durante el paro y mucho menos para incumplir procesos legales y vulnerar derechos”, afirmó esta organización, en un comunicado.
En 2020 Guamán hizo depósitos a la cuenta de la Cooperativa El Sagrario, a nombre del MICC por 7.669 dólares, según consta en la investigación fiscal. Para la movilización de octubre de 2021 entregó cuatro mil dólares, mientras que en lo que va de este año entregó dos mil dólares para organización del Congreso del MICC. Además consta un aporte del 10 por ciento de su sueldo, hasta este mes, por 2.100 dólares.
El expediente incorpora seguimientos telefónicos, a varias de las personas que eran investigadas judicialmente. A fines de octubre de 2021, se realizó una marcha de protesta indígena. Por esos días, una llamada telefónica entre dos personas cercanas a la Prefectura se determinó que “les habían pedido refrigerios para la movilización, pero como la participación es delicada, habían quedado en poner a 20 dólares por persona y entregárselo a las 15h00 a (citan el nombre de la funcionaria). Y conforme se vayan desarrollando las cosas el Prefecto puede tomar otra decisión pero por el momento no estaría involucrado”.
Las escuchas sugieren que la organización estaba al tanto de que empezaba a ser investigada, tenía temor de que se detectaran sus movimientos.
La Fiscalía estima que se habrían cometido otros supuestos delitos de concusión, testaferrismo, enriquecimiento ilícito, enriquecimiento privado no justificado y tráfico de influencias.
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