El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves una resolución para que se debata una petición de investigación de los Papeles de Pandora, en los que apareció el nombre del presidente de la República, Guillermo Lasso.
La petición fue aprobada por 104 votos a favor y 24 en contra, y había sido presentada por el grupo parlamentario correísta Unión por la Esperanza (UNES), con la intención de analizar la situación en el país tras la publicación de los documentos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
El asambleísta de esa formación Ronny Aleaga, que presentó la iniciativa para un cambio en el orden del día, consideró que "las respuestas que ha dado el presidente no son suficientes para develar sus nexos con los Papeles de Pandora" y que la Asamblea debe intervenir para un esclarecimiento.
La iniciativa se produce en un momento de creciente presión sobre la Presidencia por los documentos difundidos el domingo, en los que se constataba la tenencia por parte de Lasso de empresas off-shore y en paraísos fiscales, más concretamente Panamá, hasta 2017.
El mandatario ha asegurado repetidamente que ese año, cuando fue aprobada una prohibición legal, se deshizo de esas propiedades y el miércoles solicitó a la Contraloría General del Estado que le haga una revisión de su declaración patrimonial juramentada antes de entrar en funciones en mayo.
Pero sus oponentes, principalmente los del bloque correísta y del movimiento indígena, sostienen que se debe realizar una revisión mucho más atrás, e inspeccionar si el mandatario evadió impuestos en Ecuador cuando tenía esas propiedades fuera del país.
Por ello, insisten en una investigación transparente de parte del Servicio de Rentas Internas y de otros organismos, entre ellos la Fiscalía General del Estado, ante la cual fue presentada este martes una denuncia penal contra el mandatario.
La denuncia la hizo el excandidato presidencial indigenista Yaku Pérez, para quien es necesario investigar los movimientos financieros de Lasso desde 2013, cuando fue candidato a la Presidencia por primera vez, y no desde 2017, cuando la ley fue reformada mediante un referendo.
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