Asamblea aprueba informe sobre crisis carcelaria: demanda medidas de reparación a víctimas y familiares
Informe sobre la crisis carcelaria y alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país.
El Pleno de la Asamblea Nacional acogió con 131 votos afirmativos el informe la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral respecto a la investigación sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria y alarmante situación de inseguridad ciudadana que vive el país.
En el informe se incorporaron más de 70 recomendaciones para combatir la inseguridad ciudadana. Entre otros aspectos, recomienda a la Función Ejecutiva realizar un censo penitenciario que permita tener las estadísticas nacionales del sistema carcelario; adoptar medidas concretas de reparación integral que permitan evitar los graves hechos de violencia intracarcelaria; establecer mecanismos de cooperación internacional; y, la asignación de presupuesto para la atención al Sistema del Rehabilitación Social para implementar planes, programas y proyectos.
El asambleísta Ramiro Narváez, ponente del informe y presidente de la Comisión, indicó que como parte del proceso investigativo, visitaron las cárceles de las provincias de Guayas, Cotopaxi, Pichincha, Azuay y Chimborazo, en las que constataron que el 42,59% de la población carcelaria en Ecuador vive en condiciones de hacinamiento; la infraestructura, servicios y condiciones de vida, no cumplen los estándares internacionales y no existe una verdadera clasificación interna de las personas privadas de libertad (PPL).
Además, señaló que el Estado no actuó con la debida diligencia para garantizar la protección de la vida e integridad personal dentro de los recintos penitenciarios, en particular frente a los actos de violencia y las masacres carcelarias suscitadas en el 2019, 2020 y 2021. “La crisis penitenciaria amenaza la seguridad del Estado y no puede ser simplificada como resultado de una pugna de bandas delictivas”, añadió.
En este sentido, el informe determinó que la situación que viven las cárceles es una prioridad nacional que debe ser tratada sin evasión de responsabilidades, "pues ha provocado la muerte de seres humanos, intranquilidad en los ecuatorianos y grave inseguridad ciudadana en las calles y en los hogares del Ecuador".
La Asamblea recomienda a todas las instituciones del Estado mencionadas en el referido informe que, en el marco de sus competencias, desarrollen de manera inmediata un protocolo de observancia a las normas y estándares internacionales de derechos humanos con relación a las personas privadas de libertad, así como la implementación de los mecanismos institucionales y tecnológicos que, a través de indicadores de gestión y protocolos claramente definidos, permitan el cumplimiento y seguimiento institucional y ciudadano.
Igualmente, recomienda al ente rector del Sistema Nacional de Rehabilitación Social que, con el carácter de urgente, implemente un plan de contingencia que permita superar el déficit de talento humano en los servicios de rehabilitación social, a fin de que las PPL puedan acceder al régimen penitenciario semiabierto previsto en el artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal, en aras de disminuir los índices de hacinamiento carcelario.
También requiere de la Defensoría del Pueblo el fortalecimiento de las acciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, como respuesta al cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención de Nacionales Unidas contra la Tortura. Así mismo, que inicie un proceso defensorial por la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad víctimas de las masacres perpetradas en las cárceles en el último año, pertenecientes a los grupos de atención prioritaria.
Además, la Asamblea solicita a las distintas funciones del Estado que, conforme a las recomendaciones formuladas, determinen medidas de reparación integral a las víctimas y sus familias.
La Secretaría General remitirá el informe, con sus anexos, y la resolución a la Contraloría y a la Fiscalía General del Estado, a fin de que inicien las investigaciones a que hubiere lugar; al igual que a diversas entidades del Ejecutivo, a la Corte Constitucional, al Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, Defensoría Pública, Defensoría del Pueblo, Consejos Nacionales de Igualdad y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.
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